CNDH emite recomendación por violaciones graves a DDHH a diversas autoridades

Entre las autoridades se cuentan la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La CNDH informó que tras 20 meses de investigación acreditó una estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado, mediante la cual se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de cientos de militantes y simpatizantes de la izquierda, seguida por otra estrategia de ocultamiento y complicidad para aplazar la justicia. Según testimonios de víctimas y documentos tanto públicos como privados, la investigación que incluyó la revisión de archivos oficiales y de la propia comisión permitió fundamentar y acreditar las violaciones a los derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal.

Otros de los abusos fueron al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de 814 víctimas.

Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Segob, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH), Sedena y FGR efectuar un reconocimiento de responsabilidad. También una disculpa pública del Estado por las violaciones a los derechos humanos, preservar los sitios de memoria y crear un Memorial.

Indicó que la CEAV deberá emitir un plan de reparación integral colectivo en favor de los afectados, otorgándoles atención médica integral, sicológica y siquiátrica.

La Segob tendrá que realizar acciones tendientes a la recuperación del tejido social, además, fomentar la democracia participativa y optimizar la gestión documental de las administraciones presidenciales citadas.

A la Subsecretaría de Derechos Humanos le pidió fijar mecanismos para la investigación de los casos pendientes e incorporar los hechos, víctimas y perpetradores señalados a las políticas de memoria.

El Centro Nacional de Inteligencia deberá transferir íntegramente los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y del Cisen al Archivo General de la Nación, el cual, por su parte, deberá optimizar la conservación, gestión documental y administración de los fondos presidenciales citados y hacer públicos y accesibles en su página web los instrumentos de consulta.

En tanto, a la Sedena le solicitó coadyuvar con las denuncias que se presenten por violaciones graves a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad; a la FGR, continuar con la integración de las averiguaciones previas o iniciar una investigación de los hechos cometidos, y hacer públicos los fondos documentales generados por la Policía Judicial Federal.