Claudia Bolaños
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU respondió a las críticas del Gobierno de México y defendió la validez de su diagnóstico sobre la crisis de desapariciones en el país, al asegurar que su análisis se basa en información amplia, actualizada y consistente.
El integrante del Comité, Juan Pablo Albán, explicó que la evaluación no se limita a un periodo específico, sino que analiza la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo, con datos recabados desde 2012 hasta la actualidad.
Como parte de su argumentación, el organismo internacional citó cifras oficiales que reflejan la magnitud del problema, entre ellas más de 132 mil personas desaparecidas registradas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en el país, lo que evidencia la persistencia de la crisis y la falta de una tendencia sostenida a la baja.
El Comité también rechazó los señalamientos del gobierno mexicano que califican su informe como parcial o sesgado, al sostener que sus conclusiones derivan de múltiples fuentes, incluyendo información proporcionada por el propio Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
En este contexto, el organismo reiteró que su actuación se enmarca en los mecanismos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos y que su objetivo es contribuir a que los Estados fortalezcan sus capacidades para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
La respuesta del Comité se da tras las críticas del gobierno a su análisis, y la controversia generada tras la decisión de llevar el caso de México ante instancias superiores de la ONU, que ha sido rechazado por el gobierno federal, ya que sostiene que el informe no refleja adecuadamente los avances institucionales recientes en la materia.