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Columnas lunes 09 de marzo de 2020 -

Pepe Delgado

Horas antes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer y meses después de que empezara a funcionar la Fiscalía Especializada en los Delitos de Feminicidio, a través de un video, Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, anunció que Sayuri Herrera Román, ocupará dicho cargo.

La maestra Herrera Román fue una de las dos abogadas, piezas clave en la sentencia del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio y emblema del actual gobierno, para abordar la agenda de género que estaba pendiente.

Este nombramiento, desde afuera, se ve como otro mensaje claro de la administración de Claudia Sheinbaum por congraciarse con las colectivas feministas, ante los devastadores resultados de su política y acción policial contra la violencia contra las mujeres.

Sayuri es una abogada con formación humanista, por ello ha comenzado a declarar en algunos medios de comunicación que su plan de trabajo al frente de la Fiscalía se basa en cuatro ejes estratégicos: trato digno para las víctimas, diseño institucional y fortalecimiento de capacidades, acceso a la justicia y combate a la impunidad, así como derecho a la verdad, vocación y transformación.

Como decíamos, Sayuri Herrera es reconocida por su labor en defensa de las víctimas de violencia de género, entre las que se encuentran estudiantes universitarias que denuncian acoso, así como a la familia de Lesvy Berlín Osorio, quien fue asesinada por su ex pareja y cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

El pasado 18 de octubre de 2019, un tribunal de enjuiciamiento sentenció a 45 años de prisión a Jorge Luis González por el feminicidio de quien fuera su novia.
El tribunal estableció una indemnización de 337 mil 450 pesos por reparación del daño y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios; además, de los gastos médicos y psicológicos que reciba la familia. Este fallo no dejó convencidas a las abogadas Sayuri Herrera y Anayeli Pérez, ya que pedían el monto más alto de la reparación, consistente en 2 millones 412 mil pesos por compensación de esperanza de vida, la cual fue rechazada por los jueces al señalar que no era procedente este “lucro cesante” cuando la víctima ha fallecido.

Fue interesante la estrategia y la presentación de pruebas que hicieron ambas asesoras legales, pero ahora, el desempeñó de Herrera será regido por Ernestina Godoy y por lo políticamente correcto que se haga ver a la nueva funcionaria de la FGJCDMX.
De ser parte, ahora se convertirá en juez y tendrá que enfrentar a la disidencia y las críticas desde el escritorio, algo parecido, a lo que le ha tocado enfrentar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashielli Ramírez Hernández, quien, a pesar de contar con el aval de las organizaciones civiles, ahora le cuestionan que no se ejerza presión, sobre todo contra órganos como el Poder Judicial capitalino, donde quedan pendientes en materia de derechos humanos


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/CR

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