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Consenso para el INE

Consenso para el INE

Columnas jueves 23 de julio de 2020 - 01:20

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la designación?
Es un acto administrativo de órgano legislativo —Pleno Cámara de Diputados—, a partir de criterios de oportunidad política, que para su validez debe satisfacer los requisitos constitucionales y legales previstos. Tiene dos modalidades: i. Reglada parcial, relativa al procedimiento que la Constitución prevé, y cuya finalidad es garantizar la validez jurídica desde el plano formal. En esta vertiente el procedimiento es indisponible, inclusive, para el Pleno y cualquiera de sus órganos; ii. Discrecional y soberana, que se ejerce por la Junta de Coordinación Política —Jucopo— en un primer momento, y el Pleno en uno posterior.
La Constitución se inclina por una designación con dos escenarios: i. Uno que privilegia el nombramiento por consenso político de las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados —primero en Jucopo y luego en Pleno—; y, ii. Otro que preserva la integración adecuada del INE, pues de no lograrse el consenso la designación se realiza mediante insaculación, con lo cual el nombramiento deja de ser discrecional y se vuelve reglado.
¿Qué órganos intervienen y cuáles son los alcances de sus actuaciones?
Interviene el CTE —Comité Técnico de Evaluación— que no es un órgano constitucional de pleno derecho, aunque esté previsto en la Constitución. Del proceso de reforma constitucional al artículo 41 —2014— advierto que la causa eficiente del Poder Reformador para crear al CTE fue establecer un órgano neutral que fijara métodos objetivos y rigurosos para evaluar a las personas que aspiran a las consejerías del INE, coadyuvando a que las designaciones sean con apego a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y máxima publicidad.
El CTE es un órgano técnico y coadyuvante que tiene una participación relevante en el proceso de designación, pues: i. Propone los criterios y la metodología para evaluar, con los que verifica la elegibilidad e idoneidad técnica de aspirantes; ii. Desarrolla las etapas de evaluación, y obtiene las calificaciones; y, iii. Forma las listas con las personas que cumplen los requisitos y las propone a la Jucopo.
En el escenario de la designación por acuerdo político, las propuestas del CTE no son vinculantes para la Jucopo ni para el Pleno, puesto que su papel es de órgano coadyuvante, pero no decisor. Así, las listas elaboradas por el CTE únicamente vinculan a la Jucopo a recibirlas, evaluarlas e iniciar la construcción de consensos para determinar si es viable alcanzar las propuestas específicas y enviarlas al Pleno para que éste vote las designaciones.
Por otra parte, encontramos a la Jucopo que cumple un papel relevante en la toma de acuerdos para la designación. Su intervención puede dar lugar a 2 escenarios: i. Después de analizados los perfiles, determinar que basado en una falta de idoneidad política no hay acuerdo para realizar las propuestas al Pleno, y regresar las listas para que el CTE elabore unas nuevas; y ii. Que sí se alcance la construcción de acuerdos políticos y la Junta proponga al Pleno a las personas para la designación.
Finalmente, el Pleno de la Cámara, que es el órgano facultado para designar —con votación calificada— de manera discrecional y soberana. Si el Pleno no alcanza los acuerdos para la votación, entonces el escenario de designación por consenso político se diluye y la facultad se vuelve reglada, por lo que dicho órgano queda vinculado a designar forzosamente y por insaculación, atendiendo a las propuestas del CTE. Si tampoco ello se logra, el mismo procedimiento lo realiza la Suprema Corte de Justicia.
En cualquier caso, confío en que las designaciones que se realicen sean en beneficio de nuestra democracia y de la sociedad.

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/CR

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