A pesar de contar con suspensiones judiciales vigentes, la construcción del teleférico en Uruapan, Michoacán, continúa su avance bajo resguardo de cuerpos de seguridad estatales, lo que ha generado tensión y denuncias por parte de comunidades indígenas afectadas. Pobladores de Capacuaro y representantes de colectivos locales acusan al gobierno estatal de ignorar resoluciones judiciales y de utilizar la fuerza para imponer un megaproyecto que consideran invasivo.
De acuerdo con testimonios, el pasado 1 de agosto se desplegó un fuerte operativo policial que permitió el ingreso de maquinaria pesada a la zona donde la comunidad mantiene un plantón pacífico desde abril. Esta acción ocurrió a pesar de que existe una suspensión provisional emitida por un juez, que ordena detener cualquier tipo de obra hasta resolver de fondo los recursos legales promovidos por los habitantes.
Integrantes de los pueblos originarios sostienen que no fueron consultados conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, y denuncian la violación de sus derechos territoriales y culturales. Aseguran que el proyecto del teleférico ha sido impulsado sin transparencia, ignorando los reclamos legítimos de quienes habitan la región.
Organizaciones sociales han señalado que el uso de la fuerza pública en este tipo de casos refleja una tendencia preocupante de criminalización de la protesta y de imposición de megaproyectos mediante el desalojo de comunidades. Mientras tanto, el teleférico continúa construyéndose entre denuncias, protestas y resoluciones judiciales ignoradas.