El doxing es la práctica de recopilar y difundir información personal o sensible de una persona sin su consentimiento como nombre, dirección, teléfono, datos familiares, fotografías, cuentas en redes sociales, etc. con el fin de acosar, extorsionar, intimidar, difamar o ejercer alguna forma de violencia digital o física.
En la Ciudad de México hay una persona que gusta de llevar a cabo esta práctica y es lamentable y reprobable que esa persona sea la Presidenta de la República: Claudia Sheinbaum Pardo.
Por eso presente iniciativa que trata de un riesgo real, creciente y profundamente peligroso para nuestra democracia: la filtración dolosa de datos personales para intimidar, perseguir o silenciar a quienes piensan distinto.
Con esta propuesta buscamos poner límites y consecuencias legales a quien comete estas acciones reprobables.
El doxing es una forma directa de violencia, una herramienta diseñada para exponer a una persona, colocarla en un riesgo real, abrir la puerta del hostigamiento, a las amenazas y, en los casos más graves, a la agresión física.
En nuestro país, en conferencias oficiales, se han exhibido datos privados, identidades, conversaciones, documentos o señalamientos que deberían ser tratados con responsabilidad.
Y esta exposición cuando se dirige contra opositores, periodistas, activistas o ciudadanos crítico deja de ser información pública y se convierte en un acto de intimidación desde el Estado.
Estoy convencida que una democracia donde se usan plataformas oficiales para exponer a quienes piensan distinto, NO es una democracia plena.
Para poner un límite a esos actos de terrorismo digital sin caer en la limitación del derecho a la libre expresión, propuse una iniciativa que contempla reformar tres leyes fundamentales de nuestra ciudad: el Código Penal, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Su propósito es simple: que ningún funcionario pueda usar información personal para perseguir ideológicamente a un ciudadano, y que ningún particular pueda exponer a otro sin consecuencias.
Porque cuando desde un foro oficial se exhiben números telefónicos, capturas de pantalla, domicilios, expedientes o cualquier dato personal, no solo se vulnera la privacidad; se envía un mensaje: “Si te atreves a criticar, te vamos a exhibir.”
El doxing plantea tipificar el delito de revelación ilícita de datos personales en el Código Penal cuando la finalidad sea intimidar, amenazar o generar hostigamiento, cuando se haga mediante medios electrónicos, cuando no exista conocimiento y cuando el propósito sea generar miedo razonable.
La pena propuesta para quien cometa este delito es de seis meses a dos años de prisión y de veinticinco a cien días multa, y cuando la conducta sea cometida por un servidor público, la sanción se verá aumentada al doble.
También se busca sancionar administrativamente a servidores públicos que difundan datos personales, incluso cuando esos datos no provengan de su cargo directo.
La dimensión de esta iniciativa no se trata solo de política, se trata de vidas, de mujeres a las que les publican su domicilio, de periodistas a quienes se les expone su identidad, de jóvenes que enfrentan campañas de odio organizadas, de activistas que viven con miedo por simple venganza digital.
Las conferencias matutinas no pueden convertirse en un espacio donde la palabra presidencial sea utilizada para exponer a quienes no comparten la misma visión.
“La ciudadanía tiene derecho a pensar distinto sin miedo a ser exhibida”.