Por Martha Mercado Ramírez
Presidencia de México, 1 hombre (0%); Gubernaturas, 2 mujeres y 30 hombres (6.25%); Senado de la República, 63 mujeres y 65 hombres (49%); Cámara de Diputados, 241 mujeres y 259 hombres (48%); presidencias municipales, 552 mujeres de un total de 2 mil 457 (22.46%); Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 mujeres, 8 hombres (27%).
En el Día Internacional de la Mujer vale la pena hacer una pausa y reflexionar sobre su participación en los espacios de toma de decisión en México. Los datos reflejan una clara disparidad entre mujeres y hombres, especialmente en los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como una cercanía a la paridad en el Legislativo.
Durante décadas, las mujeres hemos sido borradas de los espacios de poder en la vida pública y democrática de la sociedad, limitando nuestra participación y el ejercicio pleno de nuestros derechos en condiciones de equidad, paz y seguridad.
En la Ciudad de México los datos son similares a los de nivel federal, pues contamos con 1 Jefa de Gobierno (100%); 33 mujeres y 33 hombres en el Congreso de la Ciudad de México (50%); alcaldías, 4 mujeres y 12 hombres (25%); presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, 1 hombre (0%).
De igual forma, en el ámbito electoral capitalino la paridad es más una lucha que una realidad. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el pleno está integrado por 2 mujeres y 3 hombres (40%), mientras que el Consejo General del Instituto Electoral capitalino se compone por 3 mujeres y 4 hombres (42%).
Existen cientos de organizaciones sociales, instituciones públicas y personas de la vida política que han impulsado iniciativas en favor de la participación de la mujer, ejemplo de ellas son las reformas en materia de paridad y la relativa a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Sin embargo, para que éstas se materialicen requieren de la voluntad y trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades.
De poco sirve tener leyes de vanguardia que promuevan la participación femenina en la vida pública si su materialización no puede ser llevada a cabo. De igual forma, si no contamos con la transversalidad de las políticas públicas para su instrumentación, cualquier iniciativa estará condenada al fracaso.
La lucha por la igualdad sustantiva y los derechos humanos de las mujeres no es una guerra de géneros, pues para alcanzarla será necesaria la participación de todas y todos en la construcción de una sociedad donde prevalezca la pluralidad de voces, visiones y culturas, a la par de un trabajo constante por la erradicación de la discriminación, la violencia y las brechas sociales y económicas entre hombres y mujeres.
Todas y todos tenemos la responsabilidad de formar nuevas generaciones que, en el futuro, no vean sus aspiraciones truncadas por cuestiones de género, raza, preferencia o cualquier tipo de discriminación.