Del empleo precario al trabajo digno

Columnas miércoles 25 de febrero de 2026 -

La más reciente información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo confirma que México carece estructuralmente de trabajo digno: más de la mitad de las personas ocupadas se encuentra en la informalidad y más de un tercio labora en condiciones críticas, con ingresos insuficientes o jornadas inadecuadas.

Esta realidad es estructural, y está profundamente vinculada con el desempeño de la economía en su conjunto. En los últimos siete años, el crecimiento del PIB ha promediado alrededor de 1% anual, una tasa claramente insuficiente para generar un proceso sostenido de desarrollo. Tras el estancamiento previo a la pandemia, la caída de 2020 y el rebote posterior, la economía ha vuelto a desacelerarse, configurando un patrón de bajo dinamismo que limita la creación de empleos formales y bien remunerados.

En este contexto, la informalidad debe entenderse como un mecanismo funcional del propio sistema económico. Es la vía mediante la cual se absorbe la fuerza de trabajo que no encuentra cabida en sectores formales y de mayor productividad. Al mismo tiempo, opera como un amortiguador social, pues permite que millones de personas generen ingresos, aunque sean precarios, y evita así un aumento del desempleo abierto.

Los datos sobre remuneraciones son particularmente reveladores. Una proporción mayoritaria de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, lo que evidencia que el problema central no es sólo la disponibilidad de empleo, sino su calidad. A ello se suma el crecimiento del trabajo por cuenta propia, que en muchos casos responde más a estrategias de subsistencia que a procesos genuinos de emprendimiento.

Lo que emerge es un modelo que logra mantener ocupada a la población, pero sobre la base de la precariedad. Se trata de un equilibrio que administra la escasez de crecimiento distribuyendo sus costos entre los trabajadores, en lugar de resolverla mediante una transformación productiva.

Frente a este panorama, el debate debe centrarse en la generación de trabajo digno, en los términos planteados por la OIT: empleo productivo con ingresos adecuados, derechos laborales y protección social; pero para ello es indispensable que el Estado asuma un papel más activo en la conducción del desarrollo económico.

Necesitamos una nueva política industrial orientada a elevar la productividad. En efecto, México necesita transitar hacia sectores capaces de generar mayor valor agregado, y en ese sentido la transición hacia una economía ecológicamente sustentable representa una oportunidad estratégica. La inversión en energías limpias, infraestructura verde y tecnologías sostenibles puede convertirse en un motor de empleo formal y de calidad.

Asimismo, es necesario facilitar la formalización de las unidades económicas, reduciendo los costos y la complejidad administrativa. De igual forma, la construcción de un sistema nacional de cuidados permitiría incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir a una mayor equidad.

México enfrenta una disyuntiva clara: persistir en un modelo de crecimiento débil que reproduce la precariedad, o impulsar una estrategia de desarrollo que coloque al trabajo digno en el centro de la política económica y el crecimiento sostenible como horizonte permanente. La evidencia es contundente al respecto.

Investigador del PUED-UNAM