Democracia digital y blindaje electoral

En primer lugar, crear capacidades para fortalecer y vigilar la integridad electoral, construyendo redes de todos los actores relevantes (públicos y privados) para colaborar y compartir información relativa a las lesiones potenciales o reales a la integridad electoral, inclusive creando un índice de vulnerabilidad electoral que permita identificar los comicios que merezcan especial atención por injerencias indebidas, discursos de odio y noticias falsas. Asistir también a los órganos electorales, quizá desde un nuevo órgano internacional permanente, en materia de mejores prácticas en ciberseguridad.

En segundo lugar, crear marcos de exigencia ética como la firma pública de compromisos de cumplimiento, promoción y defensa de los estándares de comportamiento de la integridad electoral por candidatos, partidos, autoridades, jueces electorales y hasta proveedores, en los que rechacen expresamente conductas indebidas como sustracción o uso ilegal de datos personales; creación o manipulación electrónica de imágenes y documentos o materiales electorales y de campaña; difusión de noticias falsas; y colusión con grupos y particulares (nacionales o extranjeros) que pretendan distorsionar la organización, vigilancia o resultados de las elecciones. Impulsar también la adopción de un nuevo tratado o convención internacional para prevenir, disuadir y castigar la injerencia de los gobiernos y de cualquier persona física o moral en los comicios de otros países.

En tercer sitio, los gobiernos y congresos deberán crear o refinar las reglas sobre la propaganda política en línea y establecer en ley la obligación de las grandes plataformas mediáticas y sociales de hacer pública toda la información relevante relacionada con la compra de un anuncio, spot o mensaje en general, incluyendo el gasto ejercido en la compra, los criterios de selección de audiencia y hasta la persona creativa autora del mensaje, la identidad real de la persona física contratante y de la organización a la que pertenece o a nombre de la que actúa; además, prohibir anuncios y campañas digitales o en línea en las 48 horas previas al día de la elección.

En cuarto, las grandes plataformas deberán dar a los usuarios la opción de decidir sobre su inclusión en las listas de destinatarios de propaganda política; comprometerse también a contratar únicamente con candidatos y partidos que hayan firmado los compromisos públicos ya referidos. En especial, las redes sociales deberán desarrollar sistemas de alerta temprana para identificar y detener campañas de desinformación electoral, injerencia del extranjero, crímenes de odio, violencia contra mujeres y de supresión del derecho al sufragio; finalmente, asociarse obligatoriamente para estos efectos, así como lo han hecho ya para denunciar el terrorismo y el tráfico de personas.

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