México tienen hoy una gran noticia: por primera vez en sus doscientos años de existencia, setenta años después de reconocerles el derecho al voto y apenas un par de años de tener paridad en el congreso federal, es muy probable que una mujer sea la titular del Ejecutivo Federal en 2024. Esto en sí mismo es una situación de júbilo en un país tan machista y misógino, por lo que hay que congratularse de lo obtenido por nuestra joven Democracia.
Sin embargo, también existe una preocupación muy seria en nuestra vida pública, que es el control de la delincuencia organizada de distintas estructuras gubernamentales. Desde hace varios años, sabemos que a nivel municipal existen regiones cooptadas por el crimen: no sólo designan al titular de las obras públicas y al comandante municipal, también controlan los registros públicos para extorsionar y despojar de su patrimonio a miles de personas.
En el pasado se ha documentado y procesado legalmente los vínculos criminales de gobernadores y fiscales locales, tanto en México como en Estados Unidos; y al parecer, la tendencia sigue creciendo. Las organizaciones criminales financian campañas y en regiones en donde tienen un control territorial pleno, los suyos son los candidatos a los cargos de elección popular. Porque para acceder al poder, las siglas (partidos) son lo de menos: el crimen usará las que sean más competitivas, de acuerdo al momento político, o las que estén disponibles. En comunidades medias y pequeñas, donde todo mundo se conoce, bastarían denuncias a los órganos internos de los partidos para vetar una candidatura vinculada con el crimen; pero eso no pasa.
Por ello, ahora que ha iniciado el proceso electoral y estarán en disputa más de veinte mil cargos de elección popular el próximo año, garantizar que la abrumadora mayoría de estas personas no tengan vínculo alguno con las organizaciones criminales es uno de los principales retos de nuestra vida pública. Y en ese primer filtro deben participar activamente los militantes de los partidos políticos y la ciudadanía en general. Los primeros tienen la obligación de velar por su democracia interna, cumplir sus normas partidarias y exigir la rendición de cuentas a sus dirigentes. La ciudadanía en general puede ayudar financiando al periodismo de investigación y presionando en al amplio espectro de los medios de comunicación.
Los partidos políticos son entes de interés público, financiados con recursos públicos, obligados a cumplir sus obligaciones fiscales y cooperar con las autoridades electorales (INE) y financieras del país (SHCP), para verificar la licitud de los recursos aportados para sus operaciones. Por ello es tan importante vigilar y presionar a las dirigencias partidarias para que no respalden a personas vinculadas con el crimen organizado.
Ya vimos que la organización ciudadana, más allá de los partidos políticos, es protagonista y contrapeso en el debate público. Seamos una ciudadanía activa, no una feligresía fanática.