Derechos Humanos y Presupuesto 2022 .

Columnas jueves 30 de diciembre de 2021 -

Una de las obligaciones principales que tienen todos los Estados en materia de derechos humanos es la de “adoptar medidas” para lograr el pleno cumplimiento de estos. Es decir, de establecer o diseñar todo tipo de medidas que sean apropiadas, ya sea legislativas, administrativas judiciales y financieras o presupuestarias para hacerlos efectivos para todos los ciudadanos.

Desde este punto de vista, el presupuesto público es un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos, porque como lo afirman Stephen Holmes y Cass R. Sunstein en su libro, El costo de los derechos, todos los derechos cuestan dinero.

Afirmación que se sustenta al plantear, que no importa cuántos derechos el Estado garantice o diga garantizar formalmente, sino los recursos con los que cuenta para velar por ellos y efectivizar su cumplimiento.

Menciono esto, porque en días pasados, los grupos parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados (PAN, PRI y PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el Presupuesto 2022, al advertir que dicho instrumento vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los derechos a salud, educación, medio ambiente y protección a las mujeres, entre otros.

En esta columna, se ha hecho una revisión en particular del presupuesto destinado a la salud, a mujeres, niños y educación, rubros que sufrieron una reducción considerable y que hacen inoperables varios programos sustanciales para el ejercicio de sus derechos.

Los líderes parlamentarios expusieron varios puntos, entre los que resaltaron el sector salud, en el que, refiriéndose al programa de “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, señalaron que tuvo un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo cual debe preocuparnos porque de por sí, los servicios y dotación de medicamentos en los últimos años ha sido un problema, en el que el caso más representativo ha sido, lamentablemente los niños y niñas que padecen cáncer y que siguen sufriendo el problema de no acceder a las terapias ni a los medicamentos de sus tratamientos, y que decir del INSABI que sigue sin garantizar la cobertura y el presupuesto para quienes sin contar con otro servicio tienen que recurrir a él.

En materia de educación, señalaron que se dejaron programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país, entre los que se encuentran el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, del cuál, si bien se ha dicho que este seguirá existiendo a través del presupuesto del Programa La Escuela es Nuestra, no se ha dicho cómo funcionará, ni cuánto se le destinará para que siga cumpliendo los objetivos y teniendo los resultados que se obtenían.

Además de estos, también los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes se verán vulnerados en el presupuesto aprobado para el año que viene, y que sin duda alguna se tiene que hacer algo, porque a los de por sí, ya vulnerables, se les está dejando en un punto de mayor vulnerabilidad.

Ojalá la Suprema Corte de Justicia al revisar esta acción de inconstitucionalidad, consideren que, como sostienen Holmes y Sunstein, los derechos al estar consagrados en nuestra constitución, son igual de importantes que los recursos que se destinan para hacerlos efectivos.

Feliz Año 2022, con todos nuestros derechos garantizados.

Mtra. Rosalía Zeferino Salgado

Asesora en Comunicación Estratégica

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