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Diputados aprueban reforma contra la extorsión y turnan el proyecto al Senado
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que faculta al Congreso de la Unión para crear una Ley General contra el Delito de Extorsión, la cual permitirá la persecución de oficio de este ilícito. El dictamen fue remitido al Senado para su revisión y posible aval.
La propuesta modifica el artículo 73 de la Constitución para establecer un marco jurídico unificado en todo el país, con tipos penales, agravantes y sanciones homogéneas que eliminen vacíos legales y fortalezcan el combate a este delito, considerado uno de los que más afecta a la vida económica y social.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Leonel Godoy, expuso que en los últimos seis años la incidencia de extorsión se disparó 58 por ciento, al pasar de 19 casos diarios en 2018 a 29 en enero de 2025. Señaló que las llamadas fraudulentas y el cobro de piso representan las formas más comunes de este crimen que impacta desde pequeños comercios hasta actividades agrícolas y ganaderas.
Desde la bancada del PAN, el legislador Héctor Saúl Téllez advirtió que la problemática se ha agravado en el inicio del gobierno actual, pues en los primeros diez meses de la administración de Sheinbaum se contabilizaron 9 mil 21 denuncias, superando lo registrado en periodos equivalentes de los gobiernos de López Obrador, Peña Nieto y Calderón. Subrayó que la extorsión opera como un “impuesto criminal” que sofoca a familias y negocios en todo el país.
Datos oficiales indican que el Estado de México lidera la lista de entidades con mayor número de carpetas de investigación entre 2018 y 2025, con más de 23 mil casos, seguido por Veracruz, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
El PRI, a través del diputado Alejandro Domínguez, consideró que la extorsión se ha transformado en un problema de alcance nacional que coloca a millones de personas en indefensión. Recordó que, según la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI, el 97.2 por ciento de los casos no se denuncia, reflejo de la desconfianza y el temor que prevalecen entre las víctimas.
La iniciativa presidencial subraya que la falta de homologación en las penas dificulta una respuesta eficaz. Mientras que en el ámbito federal la sanción oscila entre dos y ocho años de prisión, en entidades como Oaxaca se establece de uno a tres años y en Chihuahua puede ir de cinco a treinta, lo que evidencia grandes disparidades entre legislaciones locales.
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JM/CR
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