Claudia Bolaños
Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de diversas candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
En un oficio dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se indica que con fundamento en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores argumentaron que 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito de “gozar de buena reputación”, al estar vinculadas a investigaciones penales federales por delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, señalaron que otras ocho candidaturas no cumplen con el promedio general mínimo de calificación en licenciatura, establecido en ocho puntos.
Según el informe presentado, existen carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunos de los aspirantes. También se menciona que ciertas personas han fungido como defensores legales de individuos relacionados con el crimen organizado, lo que compromete su imparcialidad e implica un posible conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, declaró Gutiérrez Luna. Añadió que la idoneidad es un imperativo ético que garantiza la legitimidad del Poder Judicial.
En el caso de las candidaturas impugnadas por criterios académicos, se documentaron promedios que van de 7.0 a 7.93 en licenciatura, lo cual, afirmaron, afecta la idoneidad de los aspirantes a jueces, juezas y magistrados en diversos circuitos y salas del país.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, agregó Gutiérrez Luna.
Ambos legisladores pidieron al INE cancelar los registros de dichas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en el Poder Judicial.