El régimen de partidos políticos en México vive, desde hace décadas, una crisis de liderazgo y credibilidad que ha desgastado nuestra democracia. Sin embargo, imperfecto y amenazado constantemente, tenemos un sistema de vida que permite la convivencia pacífica y mantiene el consenso social. A pesar de las críticas, el país conoce de libertades y posibilita un pluripartidismo que todavía canaliza legítimamente las expresiones políticas de todos los ciudadanos.
El siglo XX fue testigo de la institucionalización de las agrupaciones políticas para dejar atrás el bipartidismo de liberales y conservadores y el caudillismo revolucionario. Surgen diversas opciones y se otorga -como dádiva presidencial- el voto a la mujer. Fue el gobierno mismo quien alentó el pluripartidismo con la creación de nuevos institutos políticos y una oposición a modo o con la participación legal de la izquierda mexicana; amplió la representación legislativa con la figura de primeras minorías. De tal suerte que, a pesar de nuestro régimen presidencialista y la hegemonía del partido único en el poder, las diferentes corrientes ideológicas convivieron por años hasta lograr la alternancia en la conducción del país.
Desde el centro del poder público se gestó la autonomía del ente organizador de las elecciones y acabó la conducción gubernamental de los comicios y el poder omnímodo del secretario de Gobernación. La independencia del INE fortaleció nuestra democracia, pero se hizo presa de las críticas, la mayoría de las veces infundadas, porque su imparcialidad afectaba los intereses partidistas y de grupos de presión. Pero como el comportamiento ético de los comisionados electorales era poco cuestionable, se fueron sus detractores por el argumento fácil de lo costoso de nuestra democracia. En efecto, representa miles de millones de pesos el presupuesto del INE y el financiamiento a los partidos, pero bien vale la pena esa inversión y canalizar todas las expresiones ideológicas para mantener el pacto social que hoy se ve debilitado y amenazado por el crimen organizado, la pandemia y la peor crisis económica en casi cien años. Solo por la vía del sufragio podemos garantizar el derecho a escoger a nuestros gobernantes y el programa de gobierno que creemos puede mantener el consenso social. La polarización política pone en riesgo el consenso social.
Tan solo este año, los partidos recibieron más de cinco mil millones de pesos por financiamiento público, más de 270 millones que en 2019 y se dio registro a un nuevo y cuestionable instituto político que deja en entredicho la separación del Estado y la Iglesia -conflicto superado en el siglo XIX-, pero es preferible correr esos riesgos a perder la esencia de nuestro sistema democrático. Cierto, la democracia es cara, quién dijo que era barata, y si no nos gusta, cambiemos las reglas del juego. Dejemos atrás el prurito de condenar las aportaciones -hoy tan de moda-, privadas y también permitamos, como los gringos, que el presidente haga proselitismo abierto y no disfrazado de ejercicio gubernamental de comunicar. No es reduciendo sueldos o financiamiento como se mejora el sistema político
. Lo barato sale caro. Defendamos nuestra democracia de las amenazas de tirios y troyanos.
•Asesor en Comunicación