Todo un reto se autoimpuso la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel al señalar que no permitirá que corruptos ocupen candidaturas, por lo pronto, para las elecciones del 2027; se antoja titánico, sobre todo por los recientes escándalos que siguen poniendo en serios aprietos a la “crema y nata” del partido guinda.
Como se sabe, el primero que salió a relucir fue el gobernador de Sinaloa, -ahora con licencia, protección del gobierno federal y fuero- Rubén Rocha Moya, quien se dejó ver muy tranquilo, aparentemente, insistiendo en que los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, no solo son un disparo a él, sino al movimiento de la llamada 4T.
Pero el huracán ya venía persiguiendo con antelación al sinaloense, el mismo que la ahora desangelada exdirigente de los morenistas, Luisa María Alcalde, aseveró que era como “el Jesucristo de Sinaloa”, es decir el que su caída era algo inminente estaba más que cantado por lo que el resto de quienes conforman la lista de indeseables para el gobierno de Estados Unidos, ya “se amarran el dedo” y al parecer no les ha servido de mucho tratar de aparentar tranquilidad porque el retiro de visas y el congelamiento de cuentas, al parecer, se vienen en cascada en contra de ellos.
Se dice en los corrillos políticos que el que sigue es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y existen muchas posibilidades de que el tercero sea el mandatario estatal de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En el caso de Sinaloa, -hay que recordar-, la actitud del senador Enrique Inzunza, cercanísimo a Rocha Moya, que iba en el “paquete” de los que fueron señalados por el gobierno de Trump, se desapareció y dice que lo acusan nada más por ser de Badiraguato y pese a formar parte de la Comisión Permanente, sigue en la tónica de esconderse y comunicar por sus redes sociales sus ausencias en dicho órgano legislativo a la voz de que “no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora”, pues como dice un viejo y conocido refrán, “qué susto se llevó el miedo”.
Este escándalo guinda representa una gran oportunidad que la oposición no debe desperdiciar y el que lleva mano en el tema es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien como acostumbra, sin amedrentarse, presentó ya una solicitud ante el Departamento de Estado y el de Justicia de EU en la que pide formalmente que Morena sea declarada organización terrorista.
Señala además que “en México, donde el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”.
Vistas así las cosas, si Ariadna Montiel quiere que no haya candidatos corruptos en su partido, Morena, se quedará vacío.
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