Columnas
El 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen dictatorial del general Trujillo, fueron capturadas, apaleadas y lanzadas a un barranco; años después en 1981, se llevó a cabo, el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el que se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, sin embargo, fue hasta 1999 cuando las Naciones Unidas adoptaron esta propuesta y desde entonces el 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es decir: contra la violencia de los Trujillos que al día de hoy ejercen la dictadura de la violencia en la casa, la calle, la escuela, las instituciones y el trabajo.
El 25N miles de voces hicieron eco para exigir al estado acciones que pongan fin a las diversas formas de violencia que enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad, sin embargo, dentro de esta lucha, muchas veces olvidamos a las mujeres lesbianas, quienes no solo enfrentamos la violencia machista que afecta a todas las mujeres, sino también una violencia específica, silenciosa y estructural basada en nuestra orientación sexual; como mujer diversa en el servicio público, he experimentado la discriminación, el miedo y la exclusión, no solo de la sociedad en general, sino también dentro de las estructuras de poder. Este contexto me lleva a compartir mi experiencia personal, pero también a reflexionar sobre cómo el sistema en su conjunto sigue perpetuando formas de violencia que nos afectan, a nosotras, las mujeres lesbianas.
Recordemos que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de LGBTfobia, solo después de Brasil. Esta es una verdad alarmante, pero no es solo un número, es un grito ahogado en nuestra comunidad que resuena en cada una de nosotras que hemos decidido ser visibles, que hemos optado por vivir y amar libremente. En este contexto, resulta imperativo que el Estado mexicano reconozca de manera clara y contundente la violencia específica que sufrimos las mujeres lesbianas, especialmente dentro del servicio público. Es urgente que se implementen políticas públicas que garanticen el respeto a nuestra identidad, que nos brinden las herramientas necesarias para vivir sin miedo y para acceder a los mismos derechos y oportunidades que el resto de las mujeres y hombres.
Para ello, las políticas públicas deben ser inclusivas y estar diseñadas desde un enfoque de igualdad sustantiva, que no solo contemple a las personas LGBTI+ como un colectivo, sino que reconozca las particularidades de las mujeres lesbianas dentro de ese colectivo, nuestras luchas y nuestras demandas. En el ámbito laboral, es crucial que se implementen protocolos contra la discriminación y el acoso laboral por orientación sexual. Las instituciones públicas deben crear espacios seguros para que las mujeres lesbianas podamos expresar nuestra identidad sin temor alguno, sin Trujillo alguno porque como decía Minerva Mirabal: “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”.
Andrea Gutiérrez