El Estado Mexicano y su Nuevo Rol en la Regulación y Prestación de Servicios Estratégicos

Columnas martes 01 de julio de 2025 -

Durante las últimas décadas, el modelo institucional mexicano en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y competencia económica se caracterizó por una estructura de organismos autónomos. Este modelo buscaba garantizar decisiones técnicas y especializadas, bajo principios de imparcialidad y separación respecto al Poder Ejecutivo.

Esa arquitectura comenzó a transformarse a partir del decreto de reforma constitucional publicado el 20 de diciembre de 2024, en materia de simplificación orgánica. A partir de esta reforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dejaron de ser organismos constitucionalmente autónomos. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dejaron de tener la categoría de Órganos Reguladores Coordinados para incorporarse formalmente a la Administración Pública Federal, bajo el ámbito del Ejecutivo.

En seguimiento a esta modificación constitucional, el 18 de marzo de 2025 se publicó un nuevo marco legal secundario para el sector energético. Entre las normas más destacadas se encuentran la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad y la Ley del Sector Eléctrico, así como disposiciones aplicables a Pemex, la Comisión Nacional de Energía, los biocombustibles y la planeación energética.

En este contexto, el 6 de junio de 2025 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, que regula la organización, funciones y estructura de la CFE bajo su nueva naturaleza jurídica. Conforme a este estatuto, la CFE es una empresa pública con personalidad jurídica, patrimonio propio, y con independencia técnica, operativa y de gestión sectorizada a la Secretaría de Energía.

Esta empresa esta a cargo de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, además, podrá participar en actividades vinculadas con el suministro de combustibles, proyectos de infraestructura, investigación tecnológica, desarrollo de energías limpias y, en coordinación con el Estado mexicano, apoyar en la provisión del servicio de internet y telecomunicaciones.

El nuevo marco legal permite a la CFE actuar de forma directa o a través de sus filiales, dentro y fuera del país, y establecer alianzas o convenios con entidades del sector público, privado o social. También se prevé su participación en actividades relacionadas con seguridad energética y autosuficiencia nacional.

En este nuevo escenario institucional, se inicia una etapa en la que la prestación de servicios y el diseño de políticas públicas se concentrarán en entidades centralizadas, con el objetivo declarado de fortalecer la rectoría del Estado, garantizar el acceso a servicios esenciales y procurar la seguridad energética del país.

Este cambio representa una nueva fase en la organización del Estado mexicano, cuyas implicaciones serán observadas con atención en los próximos años, tanto por los sectores productivos como por la ciudadanía.