El costo del silencio ciudadano: Lo que perdimos mientras nos decían que ahorrábamos

Imaginemos por un momento que el presupuesto de un país es como la economía de una familia. Durante los últimos siete años, a la familia mexicana se le dijo que había que apretarse el cinturón, que el dinero se estaba yendo por el desagüe de la corrupción y que, al cerrar la llave de los gastos "superfluos", viviríamos mejor. Nos prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca y una soberanía que nos haría invulnerables. Sin embargo, al revisar las facturas y los estados de cuenta de la nación entre 2019 y 2025, la realidad que emerge es muy distinta: no hubo ahorro, sino un desmantelamiento de los cimientos mismos de nuestra casa, mientras que en otras latitudes, como en Alemania, Francia o el Reino Unido, los gobiernos hacían exactamente lo contrario para proteger a los suyos. ¿Y por qué no compararse con los mejores?

Hablemos claro de la salud, ese dolor que no espera. Mientras a nosotros nos decían que los fideicomisos eran "cajas chicas" de corruptos, el gobierno vació el Fonsabi, nuestro fondo de ahorro para enfermedades catastróficas. Al cierre de 2018, ese fondo tenía recursos robustos para pagar tratamientos de cáncer o cuidados intensivos; para 2024, se había esfumado el 73% de ese dinero, unos 89.5 mil millones de pesos que desaparecieron sin que sepamos con certeza en qué se gastaron.

No se usaron para comprar más medicinas, porque la realidad en las farmacias de los hospitales públicos es de estantes vacíos. La consecuencia fue cruel y directa: las familias mexicanas tuvieron que meter la mano en su propio bolsillo. El gasto que cada uno de nosotros hace para comprar medicamentos o pagar consultas privadas se disparó un 41% en este sexenio. Mientras tanto, en Europa, países como Francia y el Reino Unido blindaban sus presupuestos de salud, entendiendo que, tras una pandemia, el Estado debe ser el asegurador de última instancia, no el que empuja a sus ciudadanos a la pobreza por enfermarse.

La educación y la ciencia sufrieron un destino similar, víctimas de una visión que confunde la excelencia con el privilegio. Se eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo, un programa que no solo educaba, sino que alimentaba a 3.6 millones de niños en zonas marginadas y permitía a sus madres trabajar. Ese dinero se dispersó en entregas directas a comités de padres bajo el programa "La Escuela es Nuestra", donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que no hay pruebas de que la mitad de esos recursos se haya usado realmente para mejorar las escuelas. Del otro lado del Atlántico, Alemania invertía más del 3% de su PIB en ciencia y tecnología, y la Unión Europea lanzaba programas masivos para recuperar el aprendizaje perdido por el COVID-19. Aquí, en cambio, el Conahcyt cerró la llave a las becas en el extranjero y redujo el presupuesto para la ciencia a sus niveles más bajos en casi dos décadas, hipotecando nuestro futuro a cambio de liquidez inmediata.

Quizás el aspecto más visible de esta transformación ha sido la militarización de nuestra vida pública. Se nos dijo que la Guardia Nacional nos traería paz, pero los datos financieros revelan una asfixia deliberada de las policías civiles. Por cada peso que se invierte en fortalecer a las policías municipales —las que están en tu colonia—, se le dan tres o más a las Fuerzas Armadas. El presupuesto militar creció para construir trenes, aeropuertos y aduanas, tareas ajenas a la disciplina castrense, creando un poder económico opaco que no rinde cuentas como lo haría una dependencia civil. En contraste, las democracias europeas mantienen a sus ejércitos en los cuarteles y financian policías civiles, locales y cercanas al ciudadano, bajo estrictos controles parlamentarios. Allá, la seguridad es un servicio ciudadano; aquí, se convirtió en una ocupación territorial.

Y no podemos ignorar la mala fe. Porque una cosa es equivocarse en la estrategia y otra muy distinta es engañar. El caso de Segalmex quedará marcado como el monumento a la hipocresía de la "honestidad valiente". Un desfalco de más de 15,000 millones de pesos —superior a la Estafa Maestra— operado mediante compras simuladas de maíz y frijol, supuestamente para alimentar a los pobres, que terminaron en cuentas ilícitas. A esto se suma el abuso sistemático de las adjudicaciones directas; a pesar de prometer que se acabarían, más del 80% de los contratos se entregaron sin licitación, a dedo, abriendo la puerta al compadrazgo y a los sobrecostos que hoy pagamos todos en obras faraónicas como el Tren Maya, cuyo costo se triplicó sin explicaciones técnicas válidas.

Para que a México le vaya mejor, necesitamos dejar de creer que destruir instituciones es sinónimo de transformación. Necesitamos un Consejo Fiscal Independiente que le diga la verdad al presidente en turno sobre cuánto dinero hay y cuánto podemos gastar, sin maquillaje político. Necesitamos una reforma fiscal real, para que paguen más los que más tienen, pero con la garantía de que ese dinero regresará en servicios de calidad, no en dádivas electorales (programas de “sobrevivencia” social). Necesitamos reconstruir los fondos de emergencia que nos quitaron, porque los huracanes y las enfermedades no saben de austeridad. Mirar a Europa no es malinchismo, es aprender que el Estado de Bienestar se construye con instituciones sólidas, transparencia radical y una inversión inteligente en el capital humano, no con discursos que, al final del día, nos han salido carísimos.

Estos son claros indicadores que nos dicen al “pueblo bueno” si estamos en presencia de un buen gobierno o necesitamos cambiar de opción política e incluso pedir ayuda internacional, para que como está pasando en Venezuela, la primera potencia americana nos ayude a extirpar el cáncer que contamina el servicio público. ¡Ya viene el período electoral, es hora de pensar seriamente y por el bien de nuestro país!