Una de las características de los derechos humanos es su interdependencia, es decir se encuentran vinculados entre ellos y debemos concebirlos como un conjunto, la dificultad que tienen las mujeres para acceder a un trabajo formal compromete también la posibilidad de adquirir a una vivienda adecuada.
Según datos del INEGI a nivel nacional hay 23.9 millones de viviendas particulares, 17.4 millones tienen escritura de las cuales, el 41.5% de las personas propietarias son mujeres y el 56.9% son hombres. Lo anterior deja claro que, entre las desigualdades de género, el acceso a una vivienda digna es uno de los tantos problemas que enfrentan las mujeres.
En el contexto internacional se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, sin embargo, en nuestro país la realidad es otra, miles de mujeres viven en condiciones de riesgo para la salud, hacinadas y en asentamientos improvisados.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 reconoce, “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”
Sin embargo, el derecho a la vivienda es inasequible para las personas a las que se les niega el derecho a la educación, trabajo o seguridad social; en México las grandes brechas de género en el acceso a la vivienda y su financiamiento deriva de los diversos problemas que enfrentan las mujeres como lo son, la desigualdad salarial, el menor número de semanas cotizadas y los bajos incrementos salariales que reciben las mujeres.
Las grandes desigualdades sociales se han traducido en hacinamiento que trae consigo el incremento de la violencia intrafamiliar y el deterioro de la salud mental de las mujeres, que se ven en la necesidad de permanecer en un lugar donde son violentadas, porque no tienen los recursos o las oportunidades para acceder a una vivienda adecuada.
En este orden de ideas es necesario promover acciones que promuevan los mecanismos legales para la adquisición de una vivienda adecuada, a fin de impulsar la equidad, proteger la vida y la salud de sus ocupantes, incorporando a las mujeres en la transformación social del país y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 tiene de entre sus objetivos, garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, especialmente para los sectores de la población en mayor situación de discriminación y vulnerabilidad, contrarrestando la desigualdad en el financiamiento y atendiendo las necesidades de vivienda como lo son, el mejoramiento, ampliación o autoconstrucción.
Las y los legisladores de México tenemos una deuda histórica con las mujeres, no podemos hablar de desarrollo mientras la desigualdad y la violencia hacia las mujeres persista.
María Rosete
#porlosqueamamos