El miércoles pasado, el Consejo General del INE conoció el octavo informe sobre la situación presupuestal de los órganos electorales de las entidades federativas, que se reporta desde marzo.
Según el documento, los más altos recortes para el año 2021 han sido aplicados por los congresos locales a los OPLEs de Puebla (87.99%), Oaxaca (83.03%), Morelos (74.93%), Ciudad de México (54.21%), Sinaloa (52.65), Durango (50.35%) y Nuevo León (49.88%).
El informe dice que, en total, para gastos operativos y de procesos electorales de este año, los 32 OPL en su conjunto solicitaron poco más de 15,000 millones de pesos. Para esos mismos conceptos, les fueron aprobados solo 11,700 millones, lo que representó un recorte de 3,300 millones respecto de lo solicitado, es decir, una disminución de 22%.
Ante los recortes, algunos OPLEs han solicitado ampliaciones presupuestales que, en su conjunto y hasta la fecha, suman poco más de 3,100 millones de pesos. Hasta el momento únicamente se han autorizado poco más de 1,500 millones, es decir, el 50% del déficit generado por el monto recortado en su totalidad a los 32 OPL.
Con esa óptica, si se considera el presupuesto originalmente aprobado, más las ampliaciones ya otorgadas, los OPLEs han recibido en su conjunto un total de 13,200 millones. Solo 88% de lo originalmente solicitado.
Resulta importante que el informe se siga rindiendo cada sesión ordinaria del Consejo General. Es relevante documentar y publicitar las vicisitudes que en esta materia deben encarar los órganos electorales subnacionales porque su funcionamiento impacta al sistema entero, cuya rectoría está cargo del INE.
El análisis ha venido evolucionado informe tras informe y el estudio de las variables económico-financieras es de buena manufactura, pero creo que hay que insistir en incorporar otras variables de orden político e institucional que podrían darle, quizá, un perfil más completo al documento.
Por ejemplo, la antigüedad en el puesto del consejero o consejera presidenta, la proporción en los últimos 5 años del presupuesto del OPLE dentro del presupuesto general del Estado, el recorte al presupuesto del OPLE en los 5 años recientes, la conformación política del congreso local y el año legislativo en que va la legislatura, el avance en el periodo de gestión del o la titular del poder ejecutivo local y su afiliación partidista. Del mismo modo, el estado de los procedimientos (abiertos y concluidos) de auditoría o de responsabilidades y de las observaciones y recomendaciones de los órganos internos de control y de las auditorías superiores en materia de gasto, etc.
Y claro, incorporar al propio INE al informe, pues también enfrenta dificultades inéditas desde hace varios años, de las que también hay que dejar testimonio.
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