El espionaje de nunca acabar

El espionaje demostrado en el anterior gobierno llevó a los representantes del llamado Núcleo de la Sociedad Civil a retirarse de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que junto con el gobierno y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) habían instalado cuando México respaldó la iniciativa del entonces presidente estadounidense Barack Obama de implementar un nuevo modelo de gobernanza.

Pero no se puede trabajar ni confiar en un gobierno que espía sin ninguna justificación a su contraparte, por lo que los representantes de la sociedad civil suspendieron desde mayo de 2017 su participación en la AGA. El Inai abrió una investigación a la entonces Procuraduría (hoy FGR) y en noviembre de 2018 inició una verificación sobre el uso de Pegasus ante la evidente violación a la protección de datos personales de quienes fueron espiados.

En 2019 el Inai resolvió que la PGR había violado la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues no contaba con “una bitácora de uso respecto del tratamiento de datos personales vinculado con el software Pegasus, el cual preveía la recolección de datos personales y la generación de bases y aplicaciones para su almacenamiento; además de no acreditar que contaba con un sistema de gestión y con un documento de seguridad; así como haber llevado a cabo el borrado seguro del sistema en comento, tras su desinstalación”.

Como resultado de su verificación, el Inai ordenó en febrero de 2019 a la FGR demostrar la desinstalación irreversible de Pegasus en todos sus equipos. Un mes después el AGA resucitó con el regreso de las organizaciones civiles. En un primer foro, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval comprometió al actual gobierno a no espiar a periodistas, defensores de derechos humanos ni a activistas.

Sin embargo, el 16 de marzo pasado se conoció que la FGR se niega a cumplir la orden del Inai (“Resiste Fiscalía a acatar apertura”, en Reforma, 16 de marzo de 2020, pág.2), lo cual pone en riesgo otra vez la continuación de la AGA, entre otras cosas, pues aunque la Fiscalía es legalmente autónoma, en los hechos se ha visto que todavía se encuentra muy cercana al Ejecutivo.

Las investigaciones del Inai arrojaron, además, probables violaciones administrativas y penales, por lo que dio vista al Organo Interno de Control de la Fiscalía, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación.

El 13 de marzo se supo también que Patricia Trujillo había dejado la titularidad de la comisaria de la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras concluye la investigación de la Auditoría Superior de la Federación por la compra presuntamente a sobreprecio de un programa informático para monitorear redes sociales y localizar a los usuarios cuando ella era jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF), ahora Guardia Nacional.

Por lo visto, el espionaje ilegal desde el gobierno es un asunto que todavía no está cerrado ni hay garantías de que ha dejado de emplearse, y ello pone en riesgo derechos fundamentales.