El financiamiento de los programas sociales

El caso García Luna no solo resultó un gran distractor de los grandes problemas nacionales - como la violencia o la inflación-, también despertó la imaginación de la 4T para encontrar otro medio de financiamiento a su proyecto político en el uso clientelar de los programas sociales.

Conscientes de que no bastan los recursos presupuestales para satisfacer las graciosas dádivas a viejitos y ninis, aplican la fórmula que les permite solventar la ingente necesidad de contar con “cash” para administrar la pobreza: la recuperación del dinero de defraudadores, de políticos que cometieron algún peculado o, como ocurre con el ex secretario de seguridad pública, reclamar las fortunas incautadas aunque el delito se haya cometido en el extranjero o estén aún en un proceso penal ante la justicia de otros países.

Para mantener su base electoral, la actual administración promovió una reforma constitucional que hiciera perene el derecho ciudadano a un subsidio a cambio de su lealtad en las urnas. Para hacer frente a esa manutención de millones de dependientes improductivos, millones de beneficiarios de las ayudas gubernamentales, y ante la insuficiencia de las partidas asignadas a los programas sociales, se echó mano de fondos y fideicomisos, de la arbitraria ley de extinción de dominio, de las cuentas bancarias abandonadas; también se frotan las manos por la esperadísima venta de citibanamex, cuya operación generará millonarios impuestos, los cuales se destinarán para afrontar los costos de pensiones y “becas” para viejitos y ninis.

Ante la imposibilidad de hacer uso de remesas, de las reservas internacionales del Banco de México o de las afores, y como no se concretó el fallido préstamo del BID para programas sociales, recurren al billete de presuntos responsables de ilícitos como el lavado de dinero, las operaciones ilegales del crimen organizado y el efectivo asegurado a narcotraficantes. En ese tenor está el protagonista del reality show mañanero, Genaro García Luna, cuyo proceso es seguido desde Palacio Nacional a través de una pobre crónica que hace añorar los trabajos de Miguel Reyes Razo, Fidel Samaniego, Rafael Cardona o Armando Ramírez. Aún sin veredicto, ya litiga el gobierno la repatriación de 700 millones de dólares que dice forma parte del capital del ex funcionario mexicano en desgracia y que reclaman nuestras autoridades.

Este nuevo comportamiento del régimen, donde lo importante es conseguir recursos económicos, hace pensar que al Estado no le interesa castigar a los delincuentes -cuyos ilícitos lesionan a la sociedad-, sino posibilitarles el poder negociar su inminente libertad.

Tal es el caso del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, quien desde el reclusorio negocia realizar una multimillonaria reparación del daño, cantidad que hasta ahora no es aceptada por Hacienda ni la paraestatal, porque quieren más; otro ejemplo es el empresario Alonso Ancira, el que recuperó su libertad luego de comprometerse a pagar 216 millones de dólares por la venta con sobreprecio que hizo de la planta chatarra Agro Nitrogenados. No les ha llegado al precio el abogado Juan Collado, pero seguramente pronto comprará su libertad.

El criterio de oportunidad que prevé la nueva legislación mexicana permite al gobierno la posibilidad, no de procurar justicia, sino de hacerse de ingresos extras.

Hoy la cancillería está tras los activos de los barones de la droga y de funcionarios corruptos, para exigir la devolución de los dineros mal habidos a la hacienda pública, quien los canalizará a sufragar pensiones y “becas”.

El caso mediático de García Luna logró la enajenación nacional, la obnubilación colectiva, y en una de esas, el otrora poderoso secretario hasta contribuirá a la manutención de viejitos y ninis.