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El influyentismo en México afecta a menores de edad en procesos de divorcio
Nación
De acuerdo con diversas publicaciones y denuncias de familias afectadas, los procesos de divorcio en México han sido objeto de graves denuncias por influyentismo y corrupción, con efectos directos en menores de edad. Ante ello, diversas organizaciones han señalado la existencia de un esquema que ha involucrado a figuras públicas y funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acusados de “manipular casos en beneficio de una red de extorsión”. Entre los principales señalados se encuentran Ana Katiria Suárez y su esposo, Arturo Peimbert Calvo.
Corrupción en el sistema judicial mexicano
En este sentido, el “Informe de Avances de los Indicadores Nacionales 2024” del Sistema Nacional Anticorrupción, el 82 % de los encuestados considera que la corrupción es el principal problema en el sistema judicial mexicano. Mientras que datos de la organización México Evalúa señalan que más del 80 % de los casos judiciales en el país están sujetos a algún grado de irregularidad.
Este fenómeno no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también perjudica directamente a las familias que buscan soluciones legales justas. En el ámbito familiar, esto se traduce en resoluciones que priorizan intereses económicos y políticos sobre el bienestar de los menores.
Informes recientes apuntan a que la FGJCDMX habría permitido que “esta red operara mediante la manipulación de procesos judiciales relacionados con custodias y pensiones alimenticias.
Las denuncias presentadas en diciembre de 2024 detallan que esta red aprovechaba lagunas legales para extorsionar a padres de familia, exigiendo pagos ilegítimos a cambio de resoluciones favorables”. Entre las figuras señaladas destaca Ana Katiria Suárez, quien, como se ha afirmado en redes sociales, “bajo la fachada de defensora de derechos humanos”, habría utilizado su posición para influir en estas prácticas, habiendo sido vinculada directamente con la manipulación de casos de divorcio.
Según reportajes su participación habría incluido coordinar estrategias para victimizar a una de las partes en conflicto, utilizando menores como herramienta de presión. La presunta complicidad con servidores públicos facilitó la impunidad de estas acciones, permitiendo que se extendieran por años.
Un factor clave en su influencia es la cercanía de su esposo, Arturo Peimbert Calvo, con Julio Scherer Ibarra, quien desempeñó un papel destacado como consejero jurídico de la Presidencia y habría brindado respaldo mediático para favorecer la imagen de Katiria Suárez.
Peimbert Calvo, quien renunció como Fiscal General de Justicia de Oaxaca, dejó tras de sí una institución debilitada. Salomón Jara Cruz, gobernador en turno, señaló que el fiscal operaba desde la Ciudad de México, dejando a la Fiscalía sin confianza y con constantes filtraciones de información.
Consecuencias para las familias y los menores
Según el informe “Niñez en Riesgo 2024” de Save the Children, más del 30 % de los niños involucrados en procesos judiciales relacionados con divorcios sufren afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de sentencias manipuladas.
A la par, el documento “América Latina y el Caribe, a 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño”, publicado por UNICEF, confirma que más del 30 % de los niños involucrados en procesos judiciales relacionados con divorcios sufren estas aflicciones.
El impacto se extiende a las familias, quienes enfrentan altos costos legales y la imposibilidad de acceder a una justicia imparcial. Especialistas en derechos humanos han señalado que este tipo de prácticas erosiona aún más la confianza en el sistema judicial, destacando la necesidad de investigaciones profundas que sancionen a los responsables.
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FR/CR
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