El caso Cuevas-Morán tiene sobrados elementos para que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), considere incorporarlo (en una nueva edición), a su libro “10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial”, donde relata 50 decisiones emblemáticas que ha propuesto y defendido.
Si bien en el caso citado no fue ministro ponente ni tampoco elaboró voto particular, no se puede negar la relevancia de su participación, desde que estuvo de acuerdo en atraerlo para ser revisado por el máximo tribunal.
Además, no hay precedente de que, en otro episodio, al menos público, haya tenido que observar a una de las partes afectadas, hija de la encarcelada, arrodillarse ante su persona, en auditorio de institución académica superior, para pedirle justicia para su madre.
Escena grabada en video que fue “trending topic”; le dio la vuelta al mundo y acaparó, a partir de ese momento, la atención de la sociedad mexicana.
Historia inusual. La mamá Alejandra Cuevas, de 69 años de edad, en prisión año y medio, acusada de homicidio; la abuela, Laura Morán, de 94 años, con orden de aprehensión en su contra, por el mismo motivo. Hijos y nietos en la defensa de ambas, por todos los medios posibles.
Involucrados, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien presentó denuncia (por la muerte de su hermano Federico) en su calidad de ciudadano y después le dio seguimiento como parte interesada y alto funcionario, así como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de la que dependen los Ministerios Públicos que investigaron el asunto. También jueces y magistrados que evaluaron el expediente, unos para proceder contra la familia Cuevas-Morán y otros para ampararla.
La decisión de los 11 ministros de la Corte fue unánime para liberar de cualquier responsabilidad a las dos mujeres, que supuestamente descuidaron la atención médica de Federico (pareja de la abuela), cuando tenía 82 años edad. No encontraron elementos para declararlas culpables del delito que se les atribuía desde el 2015.
En su libro “10 años de derechos”, de la página 313 a la página 321, el ministro Zaldívar cita uno de sus casos emblemáticos, examina la presunción de inocencia y la relevancia de la llamada “duda razonable”, antes de que la autoridad emita su veredicto.
“Si de las pruebas desahogadas se desprende racionalmente una duda sobre la inocencia del acusado, las y los jueces están obligados a absolver a la persona inculpada, aunque personalmente crean o tengan la íntima convicción de que ésta es culpable”, argumenta en su texto.
En el caso Cuevas-Morán, había demasiadas dudas, a partir de que dos Ministerios Públicos no encontraron elementos suficientes para ejercer acción penal contra las mujeres. Sin embargo, hubo otros recursos posteriores que modificaron el criterio inicial.
Quienes no tuvieron ninguna duda fueron los 11 ministros de la Corte, no dudaron en declarar inocentes a Laura y Alejandra, víctimas de un proceso penal, por decir lo menos, irregular.
Por la dimensión que alcanzó, por el tamaño de la injusticia que se cometía, se trata de una historia emblemática, resuelta por unanimidad, que encajaría en nueva edición del libro del ministro Arturo Zaldívar.
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