Por Onel Ortíz Fragoso
@onelortiz
El artículo transitorio a la reforma al Poder Judicial, en el que se pretende ampliar por casi dos años el mandato del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobado por el Senado de la República en la tarde del jueves 15 de abril, no transitará, porque es inconstitucional. La Cámara de Diputados no avalará esta decisión de su colegisladora, tampoco la apoyarán los ministros de la Suprema Corte, iniciando por su presidente Arturo Zaldívar. Los legisladores deben entender que este tipo de acciones son imposibles en estos tiempos de pluralidad e Internet. Este intento de “chicanada” mancha una de las reformas más importantes de la actual legislatura.
Lo que ayer aprobó el Senado es la ley secundaria de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo.
Esta sustentada en la iniciativa enviada por el Presidente de la República, presentada en conjunto con el Presidente de la SCJN. Entre otras cosas, establece el sistema de carrera judicial, regula los nombramientos de jueces y magistrados. Crea la Escuela Federal de Formación Judicial. Fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Fortalece a la SCJN como Tribunal Constitucional. Los Tribunales Unitarios de Circuito se convierten en Tribunales Colegiados de Apelación. Esta reforma establece sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, corrupción o sobornos. Además, combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial.
La opinión pública y la sociedad deberían conocer los detalles de estos cambios y discutirlos a fondo, no quedarse en el escándalo de la bola rápida que el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños metió y que equivocadamente Morena y varios senadores de otros grupos apoyaron.
En los próximos quince días o en un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados tendría que discutir la reforma, aprobar los cambios importantes que son muchos, pero de manera categórica rechazar ese artículo transitorio. En esta ocasión, Cámara de Diputados debe corregirle la plana al Senado eliminando esta aberración jurídica. Si esto no ocurre así y por el contrario, los diputados avalan este transitorio, se abriría un escenario de disputa jurídica y conflicto político de enormes dimensiones.
La reforma al poder judicial es urgente. México necesita mejores jueces y magistrados para que haya justicia y por lo tanto una mejor sociedad. Esta es una tarea del Estado mexicano, no de un hombre o de un gobierno. Lo que corresponde es que eliminado ese artículo transitorio, el ministro Arturo Zaldívar, conduzca la aplicación de los cambios, únicamente en los tiempos que establece la Constitución.