Paula Rodríguez
Una reforma constitucional planteada en Puebla promueve castigar con hasta 15 años de prisión y tres años de inhabilitación a los funcionarios públicos que sean sorprendidos mintiendo en sus comparecencias o informes de trabajo ante el Congreso del Estado.
La pena aplicaría para los servidores públicos de primer nivel y fue planteada por el diputado Marcelo García Almaguer, mismo que no tiene partido. Para ello sería necesaria la modificación de los artículos 53 y 57 de la Constitución Política del Estado.
En estos artículos se modificaría de tal forma que los gobernantes o titulares de secretarías u organismos protesten de decir verdad en las comparecencias que están obligados a rendir. Asimismo, se agregaría un párrafo “el Congreso podrá llamar a comparecer a cualquier servidor público del ámbito estatal y municipal, conforme a lo establecido en la ley. Las convocatorias tendrán carácter vinculante”.
El proyecto de ley será analizado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
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