En defensa del financiamiento público a partidos políticos

Columnas miércoles 26 de octubre de 2022 -

En días recientes se ha comenzado a hablar en el debate público sobre una posible reforma en materia electoral. Más allá de los alcances y afectaciones que una eventual iniciativa de esta magnitud tendría en el sistema político mexicano, quisiera detenerme en una parte de ésta relativa a la modificación de un elemento fundamental del modelo de partidos actual: el financiamiento a los partidos políticos.

Concretamente: se habla de la posible reducción o eliminación del financiamiento público a actividades ordinarias de los partidos políticos y, con ello, de abrir la puerta al financiamiento privado, con limitantes y medidas de fiscalización.

Escribo estas líneas consciente de que defender el financiamiento público a los partidos políticos en México no es precisamente un tema popular, menos cuando el 76.4% de la población le tiene poca o nada confianza a los partidos políticos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 realizada por el INEGI.

Sin embargo, en el contexto mexicano, el financiamiento público a los partidos ha permitido abrir la puerta a una mayor equidad en los procesos electorales, después de décadas de prevalencia del partido hegemónico. Además, ha posibilitado garantizar cierto nivel de autonomía respecto de entes privados que pudieran estar interesados en proteger sus intereses a través del financiamiento a partidos, como sucede en otras partes del mundo.

Habrá quien contraargumente que, de facto, estos intereses ya operan dentro del sistema de partidos actual. Seguramente sí, pero eliminar el financiamiento público solo agravaría el problema.

Sin duda, se requieren acciones concretas encaminadas a recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestro –perfectible– sistema actual. Los excesos y abusos que no se han terminado por desterrar ponen en evidencia la necesidad de mejorar y repensar el financiamiento público a los partidos políticos: reducir montos y replantear la fórmula de reparto contemplada en la Constitución, mas no eliminarlo.

Por otro lado, se requiere robustecer la fiscalización y la sanción en los casos en que un partido político recibiera recursos por parte de entes privados al margen de la ley.

Asimismo, si lo que se busca es recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos, bien podrían fortalecer el cumplimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Recordemos que, con la reforma de 2014, los partidos políticos se volvieron sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información respecto de los órganos garantes en la materia. Sin embargo, aún quedan desafíos en esta asignatura.

El reto para recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema de partidos es evidente y exige acción, sin embargo, pasar a un escenario en donde el dinero privado se convierta en el “gran elector” sería, indudablemente, un gran error.

Rodolfo Romanillos. Licenciado en Ciencia Política (UAM). @rodolforomp

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