Estado gaseoso. Israel González Delgado.

Alguna vez lo dije en una conferencia, y me hice acreedor a algunos abucheos: el problema del Estado mexicano no es que sea arbitrario ni autoritario (que a veces lo es), sino que es débil.

Por eso cuando se percibe su actuación más vívida, toma la forma de burocracia pantanosa o de despotismo distraído. Esto ocurre porque lo que vemos es a una parte del aparato estatal (que nunca es todo, porque no tiene la coherencia ni la unicidad de voluntad para actuar como un todo) se le recarga a algún individuo, alguna empresa, o a algún grupo muy limitado e identificable (las becarias embarazadas del CONACYT, las empresas concesionarias del gobierno anterior, los campesinos de alguna organización priísta, o algo así). Estas muestras de poder, selectivas e intermitentes, suelen ser espectaculares y violentas, porque de un día para otro resulta que, unilateralmente, el poder público ha cambiado una ley o un reglamento, ha retirado un permiso o ha expropiado un ingenio azucarero, ha eliminado un subsidio o ha congelado una cuenta. Y eso asusta. Dependiendo de los tiempos y los estilos políticos, también vemos otra cara, una mucho más amable: se aprueba un apoyo económico, se concede una prórroga para verificar el auto, o se pone una pista de patinaje donde antes había estatuas porfiristas.

Pero si damos un paso atrás y reflexionamos sobre la razón de ser del Estado y lo que se espera de él, esa voz como de fantasmagoría discontinua, tanto de benevolencia como de severidad, nos deja con una sensación de orfandad pública, de estar en un patio bravo donde, mientras no te vea el maestro, todo se vale y cada quién se rasca con sus uñas. En tanto, los problemas de gran calado, como la pobreza, la planeación urbana, el suministro de agua, las finanzas de PEMEX, la profesionalización de los servidores públicos (que es más que la pura honestidad) se mueven erráticamente y, por cada avance, la opinión pública percibe un retroceso.

A lo largo de los siglos, México ha apostado, a veces, por hombres fuertes; otras, por reglas no escritas que determinan la manera de ser de nuestro arreglo político, y que depende a quién se le pregunte, han hecho posible la estabilidad relativa o la corrupción a gran escala. Los experimentos institucionales han sido ambiciosos pero, para sus pretensiones, no muy exitosos. No pretendo criticar los esfuerzos en ese sentido (que son la fórmula más segura para evitar la injusticia y la autocracia), simplemente situarnos en una posición histórica y realista, donde muchos de los mecanismos que se crearon en los años noventa y maduraron (se supone) en la década del 2000, están mostrando sus vicios de origen y su fragilidad medular.

Lo ocurrido en Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, es reflejo de situaciones que trascienden la coyuntura regional, y definitivamente también son ajenas a lo que pueda decir el gobierno federal acerca de lo que “pasa ahora” y de lo que “pasaba antes”. Es un tema que involucra la desconfianza profunda entre distintos órdenes estatales (federal, estatal y municipal), donde los jefes políticos pueden dar una instrucción y cuando baja la escalera se convierte en otra cosa, pero también involucra una cultura política basada en la desconfianza y la humillación al servidor público, y en la falsa dicotomía entre estado y sociedad, como si el primero no fuera parte de la segunda. La buena teoría no cambia la realidad por sí misma, pero la mala teoría, sí puede pervertirla. Ahí estamos.