La expropiación de bienes por parte del Estado, incluso bajo la figura de ocupaciones temporales, plantea serios riesgos para los derechos de las personas y la democracia de nuestro país, así lo advierte el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».
Según un análisis de su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, estas acciones conllevan consecuencias negativas para el Estado mexicano, como la pérdida de confianza en las instituciones, el debilitamiento de la inversión y el emprendimiento, especialmente para los grupos vulnerables.
El riesgo de manifestar una ocupación temporal “genera incertidumbre y crea un ambiente de desconfianza que afecta la estabilidad política y social del país”. Este impacto es aún mayor si estas acciones se llevan a cabo de manera arbitraria o sin justificación.
Además, se sabe que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado la importancia de garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada en territorios ocupados por personas de origen indígena.
Esto implica que se deben tomar decisiones que les afecten o puedan afectar después de realizar una consulta adecuada. Sin embargo, en un ejemplo, como la ampliación de la Base Aérea Militar de "Santa Lucía" en territorio mexiquense, se realizó sin una consulta completa a las comunidades indígenas afectadas.
Proyectos como el Desarrollo Integral Morelos, que busca ampliar un gasoducto entre Tlaxcala, Puebla y Morelos, o la construcción de la refinería de "Dos Bocas" en Tabasco, evidencian el constante atropello a las culturas originarias.
Incluso se han registrado asesinatos de activistas que defienden la conservación del medio ambiente en respuesta a estas acciones. El Tren Maya y el Corredor Transístmico también han sido construidos a expensas de las comunidades indígenas y grupos sociales organizados, lo que genera incertidumbre, especialmente en medio de una jornada electoral.
De esta forma, es fundamental que los pueblos indígenas y los grupos vulnerables tengan la garantía de preservar y fortalecer su cultura, forma de vida e instituciones propias, además de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
Punto Cero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó a la empresa mexicana Snowball operar oficialmente como una Institución de Tecnología Financiera (Fintech), lo que demuestra el compromiso del sector con México y la economía nacional, así como la confianza de los reguladores en este sector. La empresa liderada por Gustavo Martínez Gameros como CEO y Salvador Vidal Holguin Flores está dedicada a su expansión tanto en México como en los Estados Unidos.
Uno de los movimientos más recientes de esta nueva Fintech, fue haber adquirido un bróker-dealer en los Estados Unidos, así, ésta se ubica como la primera en operar en ambos países. Los ejecutivos de Snowball afirmaron que han colocado 400 millones de pesos y cuentan con una comunidad de más de 50 mil usuarios sólo en nuestro país. Enhorabuena.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
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