FLORIDA ANTIINMIGRANTE

Columnas jueves 18 de mayo de 2023 -

El estado de Florida ocupa el primer lugar en venta total de: flores, maíz dulce, plantas de follaje, naranjas, caña de azúcar y sandia y segundo lugar en la producción de pimiento morrón, toronja, fresa y el cuarto lugar en melón, repollo y cacahuate. Es un gran productor agrícola sin duda.

En Florida, hay 47,500 granjas y ranchos, en ellas trabajan cerca de medio millón de personas, muchas de ellas sin permiso laboral.

Y en su racismo extremo, el gobernador Ron DeSantis, ha anunciado una serie de acciones en contra de los miles de trabajadores que a diario mueven además de la agricultura, la ganadería, la construcción y los servicios de gran parte de Florida, con el final del Título 42, firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin documentos y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos.

El centro de estudios Migration Policy Institute, con sede en Washington D.C., estima en 772,000 el número de migrantes indocumentados que residen en Florida de los cuales muchos de ellos se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo.

La nueva ley DeSantis establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify, una plataforma digital que permite constatar sí una persona cuenta con permiso legal de trabajo a partir del 1 de julio 2023, cuando entre en vigor la norma.

Por otro lado, la ley establece que transportar a inmigrantes indocumentados sin que se trate de menores, será castigado como un delito de tercer grado, sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta $5,000 dólares de multa por persona trasladada y quienes sean reincidentes, que trasladen a uno o a grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que puede implicar hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta $10,000 por persona.

Por último, la nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión, una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.

Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.

Veremos el impacto de esta Ley.

@arnc7