Feminicidio y abuso sexual, dos casos de justicia selectiva

Los casos de Diego Armando Helguera y de Saúl Huerta Corona no tienen nada que ver entre sí; el primero es un tipo que atenta contra la vida de dos mujeres indefensas y el segundo un legislador que abusa sexualmente de niños aprovechando su poder y su fuero.

Diego arrolló con su automóvil el 12 de junio a Fernanda Olivares, conocida como “Polly”, y a Fernanda Cuadra, después de haber sido sacado de una reunión de la casa de una de ellas en Iztacalco, en la Ciudad de México, por encontrarse en estado de ebriedad. Las dos permanecieron hospitalizadas hasta el pasado viernes 3 de julio cuando se anunció el fallecimiento de “Polly” a consecuencia de las heridas provocadas por ese ataque.

Fernanda Cuadra sigue grave con fracturas y el riesgo de perder un ojo y la audición. El irresponsable autor se entregó días después a las autoridades. Ahora será juzgado por feminicidio con la espera que la sentencia sea la que merece.

Es difícil saber qué pasa por la mente de un tipo ebrio en el momento que decide “vengarse” por la grave afrenta de ser sacado de un domicilio ajeno. Ojalá que su abogado no alegue locura momentánea o alguna argucia legal parecida para librarlo de la cárcel. No sería justo para las víctimas y sus familiares.

En el video difundido del ataque de Diego Armando se ve un grupo de personas en la calle y el hombre impulsa su automóvil a gran velocidad especialmente contra las víctimas, con una actitud de odio irracional con la clara pretensión de hacerles daño, porque nunca se observa intentar frenar su vehículo; al contrario, acelera arrastrando el cuerpo de “Polly” hasta que huye con rumbo desconocido.

Seis días después del atentado, Diego se entregó, seguramente por recomendación de un abogado astuto y experimentado que le sugirió hacerlo tras analizar el caso y las posibilidades de defensa. Por supuesto, también previeron los honorarios legales y las “embarradas” de dinero a jueces, secretarías, custodios y a quienes sea necesario para tratar de conseguir una sentencia favorable.

El culpable pudo haber permanecido prófugo y a lo mejor en estos momentos las autoridades lo estuvieran buscando. Quién sabe si lo hubieran encontrado.

Con Saúl Huerta Corona, todavía diputado federal poblano por el Movimiento de Regeneración Nacional o Morena, están tardando para su desafuero, requisito indispensable para juzgarlo por los presuntos delitos cometidos en contra de un menor de edad en un hotel de la Ciudad de México. Si su caso se prolonga hasta el mes de septiembre, ya no habrá necesidad de quitarle el fuero porque en esa fecha termina su gestión legislativa. Ojalá no se vaya a desaparecer mientras los legisladores se entretienen con el procedimiento.

Fue detenido en flagrancia, como se dice en la jerga judicial, pero horas después lo liberaron debido a su calidad de diputado. La madre del joven agredido lo acusa; al parecer Huerta le ofreció dinero para que desistiera, pero la señora se ha mantenido firme en su postura.

Huerta pretendía reelegirse por el distrito XI de la ciudad de Puebla. Al conocerse más a fondo sobre el abuso, desistió y Morena le suspendió sus derechos como militante y el grupo parlamentario lo expulsó de sus filas.

Un feminicida confeso y un depredador con fuero, a todas luces culpable; dos lamentables historias con víctimas desafortunadas. Para los dos se espera justicia real, no justicia selectiva.