Las convulsiones sociales, los reclamos públicos, el comportamiento social y las decisiones de los órganos del Estado se conocen de manera inmediata en la actualidad; esto permite analizar el constitucionalismo material en tiempo real. Desafortunadamente en México, ese acceso inmediato a la información ofrece ejemplos continuos de degradación político-social y de lo que no debiera ser un Estado que aspira a constitucionalizarse.
Nuestra Constitución, en sus artículos 6° y 7° reconoce los derechos humanos a la libre manifestación de las ideas y su difusión a través del cualquier medio, garantizando que no queden coartados por controles de agentes públicos o privados, salvo cuando esas manifestaciones sean contrarias al orden público o constituyan delito. En ejercicio de estos derechos, distintas personas y colectivos convocaron a expresarse a través de un movimiento al que denominaron: Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz, que partió de Cuernavaca, Morelos y culminó en el Zócalo de la Ciudad de México.
Antes de llegar a su destino, el contingente fue interceptado por un grupo de personas que, como exhibieron los medios, comenzaron a lanzar las expresiones: “mueran los LeBarón”; “muera Sicilia”; “lárguense a su país” -refiriéndose a los Estados Unidos de América- y “traidores”, entre otras, todo ello en medio del inicio de un conato de violencia física que, para fortuna de todos, quedó en empujones y descalificaciones solamente.
Las y los mexicanos, nos guste o no, cohabitamos en un territorio y nuestro destino está irremediablemente ligado. No cabe duda de que nuestra sociedad es plural y multicultural y en ella conviven expresiones, orígenes étnicos y visiones sociales muy distintas, pero eso no nos convierte en enemigos a exterminar. Por ello, confieso que me preocupa la desaparición de la lealtad colectiva y la empatía social en la sociedad mexicana, fruto de la ruptura de nuestro nacionalismo.
Todas y todos gozamos de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, pero sin su respeto por parte de la sociedad, su ejercicio es imposible. No hay progreso donde nadie respeta a su prójimo.
Podemos estar o no de acuerdo con el enfoque que la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz ha dado al problema de inseguridad en nuestro país, incluso, adoptar posición política al respecto, pero lo que no puede pasar en un Estado democrático es lo que vimos el fin de semana: ciudadanos restringiendo violentamente derechos humanos a otros ciudadanos, tratando de imponer a los manifestantes -en su mayoría víctimas auténticas de la inseguridad- qué pueden sentir y cómo lo deben expresar.
Este fin de semana, presenciamos un fratricidio constitucional, la ruptura del pacto social elemental. Ese es el abismo de los derechos para nuestra sociedad; regresemos al orden constitucional, único que asegura la paz y el progreso común.
Especialista en Derecho Constitucional y Teoría Política.
Twitter: @CASMAD_