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Fraude electoral

Fraude electoral

Columnas jueves 03 de diciembre de 2020 - 01:12

El proceso electoral concurrente 2021 en México supondrá una serie de retos para las autoridades garantes de la gobernanza electoral. Uno de los aspectos centrales de los comicios será, sin lugar a dudas, el fraude electoral que, a pesar de todas nuestras instituciones, vías y herramientas legales, continúa presentándose en cada elección.

El fraude electoral genera muchas confusiones entre la ciudadanía y otros actores del sistema electoral. Es necesario dejar claro que la connotación: fraude electoral, no significa hablar necesariamente de delito.

El concepto de delito hace alusión a una acción o conducta típica, antijurídica, culpable y punible, la cual es objeto de sanciones y consecuencias que pueden llegar hasta a la privación de la libertad, prevista necesariamente en una ley.

De esta manera, en nuestro sistema jurídico, si las conductas no se enmarcan dentro de la descripción que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales, no se puede hablar de la existencia de un delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución.

Por esa razón, en México no existe como tal un tipo penal denominado: fraude electoral, sino que el legislador ha identificado una serie de conductas o prácticas que, por su relevancia y efecto negativo en el régimen democrático, han sido tipificadas en la ley general respectiva como conductas punibles.

En materia electoral, la figura de fraude como hecho ilícito protege diversos aspectos del régimen democrático, que va más allá del ámbito penal y cuya finalidad es salvaguardar la integridad del ciclo electoral. Considerado en toda su amplitud, el fraude electoral no es un tipo penal, sino un conjunto de conductas ilícitas que por afectar la legitimidad de los comicios ameritan ser sancionadas, no solamente desde el ámbito del delito, sino también administrativa y constitucionalmente.

Cuando consideramos el ciclo electoral para entender todas las posibilidades que engloba el fraude electoral, es importante tener en mente que, mientras algunas acciones relacionadas con un proceso determinado tendrán lugar durante el proceso electoral, las decisiones sobre lo que se necesita y su planificación habrán tenido lugar entre elecciones o en el período preparatorio pre-electoral.

La evaluación de todas las conductas que constituyen fraude electoral solamente puede realizarse de manera exhaustiva en el periodo que ofrece el análisis crítico del proceso, que es el post-electoral, el cual permite generar una planificación que prevenga las distintas formas de fraude presentadas, para evitar su repetición en los comicios siguientes.

Como podemos observar, el enfoque de ciclo electoral para enfrentar las conductas o prácticas que producen fraude electoral permite examinar el fenómeno con una dimensión completa, ya que los periodos entre elecciones son tan cruciales en la construcción de éstas, como la realización de las mismas.

En nuestro régimen electoral, buena parte de nuestras capacidades debe enfocarse a combatir y anular el fraude electoral, pues sigue siendo el principal elemento que distorsiona nuestro modelo democrático.

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/CR

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