Claudia Bolaños
Tomás Sánchez Lara, actual Subdelegado de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Tamaulipas, fue acusado de firmar documentos oficiales como licenciado, a pesar ñde que su nivel de estudios corresponde únicamente al bachillerato, de acuerdo con fuentes internas del propio instituto.
La denuncia se relaciona con el posible delito de usurpación de profesión, previsto en el artículo 250 del Código Penal Federal. Dicha norma establece penas de hasta seis años de prisión para quienes se presenten como profesionistas sin contar con título o autorización legal. En este caso, se acusa a Sánchez Lara de utilizar un grado académico inexistente en funciones públicas que exigen preparación profesional acreditada.
Este no sería un hecho aislado. En años recientes, el ISSSTE ha enfrentado otros casos similares, como el de una exfuncionaria en la sede central, Yessica Virginia Martínez García, removida del cargo tras descubrirse que no tenía estudios profesionales, y el de Marilyn Cote, acusada en 2023 de ejercer la psiquiatría sin cédula profesional.
El caso de Tamaulipas ha despertado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y revisión de perfiles en la asignación de cargos. Hasta ahora, el ISSSTE no ha emitido una postura oficial al respecto, pese a las exigencias de transparencia por parte de organizaciones y trabajadores del sector público.