GUERRA DECLARADA

Más que diálogos, los foros de la reforma al Poder Judicial parecieron volverse una declarada guerra por parte del oficialismo en contra de quienes no están de acuerdo con la iniciativa que se aprobará en septiembre y que tiene su punto nodal en que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.

Y precisamente en este aspecto, no se puede soslayar lo dicho por Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral, ex diputado del PT, exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que pese a estar a favor de la reforma reconoce que ésta, “puede tener elementos” con dedicatoria para algunos de los actuales ministros de la Corte al tiempo que alertó sobre los riesgos de que grupos de interés, partidistas o hasta del crimen organizado intenten influir en la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular.

Anteriormente Cárdenas Gracia indicó que el Poder Judicial de la Federación, tiene unas estructuras muy privilegiadas y fuertes que no tiene el Poder Judicial.

La postura del exconsejero del INE, de inmediato causó gran incomodidad en el oficialismo, de ahí la actitud de que sin mayor explicación, en los referidos foros se cancela la participación o no se permite hacer uso de la palabra a las voces que manifiestan sus justificadas dudas como el caso de la magistrada María Emilia Molina.

La mayor expresión de este tenso clima se manifestó cuando se filtró que en una reunión privada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Yazmín Esquivel pidió la cabeza de la ministra presidenta del máximo tribunal de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández por carecer de la interlocución necesaria con el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Para infortunio de Esquivel Mosa, en el Poder Judicial cerraron filas en torno a la ministra presidenta, así que Norma Piña se queda al frente.

Como referente, la relación de la ministra presidenta de la SCJN con la actual administración ha sido muy distante y nunca se ha plegado al Ejecutivo, quien tiene sus propias fichas en el máximo tribunal del país como son: la propia Esquivel; la ministra Loretta Ortíz y Lenia Batres, quien no cuenta con la formación requerida para ocupar un asiento en la Corte.

Los ministros Luis María Aguilar y Javier Laynez descartaron por completo la renuncia de Piña Hernández. En este sentido, hay que recordar que tanto Aguilar como Laynez han sido objeto también de esta guerra armada desde Palacio Nacional en contra del Poder Judicial y su autonomía, mientras que Yazmín Esquivel nunca terminó por dejar saldado aquel pendiente de que se habría plagiado su tesis de licenciatura, en momentos en que estaba lista para ocupar la posición que ahora tiene Norma Piña.

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