Gobierno Abierto

En la Ciudad de México, el gobierno abierto está reconocido a nivel Constitucional, al establecer en los artículos: 21, 26, 32, 33, 53 y 60 que toda la información pública estará disponible para la ciudadanía y que los gobiernos de los distintos niveles en el ejercicio de la administración deberán cumplir con los parámetros del gobierno abierto que garanticen la participación ciudadana.

Por lo que respecta al concepto de gobierno abierto, el artículo 60 de la Constitución capitalina refiere que “es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales…”

En el contexto del gobierno abierto, la idea es que los servidores públicos dejen atrás el viejo esquema de considerar a la información gubernamental como propiedad de la institución o del funcionario, para dar paso a una política de total trasparencia y acceso a la información pública, bajo la premisa fundamental de un sistema de rendición de cuentas y de acercar las instituciones, servicios e información del Estado con la ciudadanía, a modo de cultivar un vínculo de participación, donde se pueda llegar al desarrollo colectivo de soluciones de los problemas que atañen a la comunidad política y social en su conjunto.

En el plano internacional, diversos países se han congregado en lo que se ha denominado “Alianza para el Gobierno Abierto”, la cual es un esfuerzo global para impulsar gobiernos más transparentes, que practiquen la rendición de cuentas, que combatan a la corrupción y que fomenten la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, haciendo frente a cinco grandes retos: mejora de servicios públicos, aumentar la integridad pública, manejo de recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia, construcción de comunidades más seguras, y aumento de la rendición de cuentas; todo ello observando los principios de: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, innovación y tecnología.

En el caso de México, su gobierno federal se comprometió a promover la Alianza para el Gobierno Abierto en los diversos foros internacionales, tanto los especializados como los regionales, mediante la implementación de su Plan de Acción y bajo el esquema que la ciudadanía desea gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones.

Así, el 30 de junio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública por el que se emite la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024.

En dicho instrumento se aprobó la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, misma que es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deben considerar los ejes estratégicos, prioridades y acciones de la misma, siendo laUnidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, quien dará seguimiento a la implementación de los ejes estratégicos, prioridades y acciones establecidos en dicha Política y realizará las evaluaciones correspondientes, correspondiendo a los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, y las unidades administrativas encargadas del control interno de las empresas productivas del Estado vigilar el cumplimiento del Acuerdo.

De acuerdo con el propio documento, la referida Política es un conjunto de disposiciones administrativas que permiten a la Secretaría de la Función Pública conducir las acciones del gobierno federal en materia de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de manera holística, integral, diferencial e interdependiente, para contribuir a la rendición de cuentas y al combate de la corrupción e impunidad.

Esta directriz está alineada con la Política Nacional Anticorrupción emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y cuenta con cuatro ejes: combatir la corrupción e impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; e involucrar a la sociedad y al sector privado.

Lo anterior demuestra que el gobierno federal al igual que el de la Ciudad de México se encuentran comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas que es un pilar fundamental de la democracia participativa, por lo cual sería deseable que pronto se emita la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2024-2027.

Finalmente, no debe perderse de vista que la transparencia es un instrumento que la ciudadanía tiene a su alcance para combatir la corrupción en las instituciones, al tener acceso a la información sobre presupuestos, contratos, y decisiones gubernamentales, entre otros datos, por lo que, en lugar de eliminarse, deberían fortalecerse los institutos de transparencia en todo el país, pues sirven de contrapeso y control para combatir la opacidad.“El que nada debe, nada teme”.

Plancha de quite: “La transparencia es una condición sine qua non para el avance de los procesos de democratización de la vida pública”. Irma Sandoval Ballesteros.