“La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”, afirmó Charles de Gaulle. Esta declaración resuena en la coyuntura actual de México y del mundo. Hemos malentendido la democracia. La hemos entendido, sencillamente, como una forma de gobierno basada en la representación, en la que nosotres elegimos y nuestres representantes deciden, pero esto está lejos de ser lo que la verdadera democracia promete.
A lo largo de la historia, en cada administración, hemos atestiguado las limitantes de las personas representantes para resolver los complejos desafíos que se presentan en un país tan heterogéneo como lo es México. Las consecuencias de dichas limitantes han sido graves: las demandas y necesidades más apremiantes de la sociedad han sido ignoradas, perpetuando un orden social desigual e injusto.
Por ello, es necesario construir las bases para una nueva forma de gestión pública que mejore la capacidad de las instituciones para atender los problemas públicos. Este modelo es el gobierno abierto, el cual busca lograr el fortalecimiento de la participación continua entre personas gobernadas y gobierno a través de la creación de espacios para dicha interacción. Esta nueva forma de gobernar promueve que las personas ciudadanas sean agentes de cambio en la gestión pública; es decir, se basa en la participación social, por lo que cuenta con un enorme potencial democratizador.
Eisenhower decía que “la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”. Para hacer realidad esta visión, es indispensable transformar la relación gobierno y sociedad. Como primer paso, es necesario garantizar que todas las instituciones operen bajo el principio de máxima publicidad, asegurando el acceso a la información para que toda persona pueda formular opiniones informadas.
Es fundamental que, como agentes de cambio, las personas cuenten con una opinión informada para que sean capaces de tomar decisiones en beneficio de toda la sociedad. Es momento de que dejemos de percibir a la transparencia y el acceso a la información como meras obligaciones, para comenzar a entenderlas como lo que son: condiciones necesarias para la construcción y funcionamiento de una verdadera democracia; de una forma de gobierno que beneficie no solo a unos cuantos, sino a toda la población.
Es así como nos enfrentamos a una encrucijada en la gestión pública. Podemos continuar en el camino que hemos estado recorriendo, el modelo de transparencia reactiva donde la información debe ser solicitada para ser accesible, o podemos transitar hacia un modelo de transparencia abierta que busque establecer las bases suficientes para resolver problemas colaborativamente entre ciudadanía y gobierno.
Si se opta por la primera ruta, la participación democrática continuará reducida a un poder de voto y queja, mas no de decisión. La segunda opción implica que, como personas ciudadanas, comencemos a informarnos constantemente sobre el actuar de las autoridades, comencemos a compartir y confrontar nuestras ideas en el foro público, y, sobre todo, que empecemos a decidir de la mano de las instituciones.
Este segundo camino, el camino del gobierno abierto, permitirá que como comunidad política guiemos a las instituciones hacia la raíz de los problemas sociales, impulsándolas a actuar bajo la siguiente lógica: en el centro de la acción van las personas. Al poner a las personas en el centro de la actuación pública, tanto las instituciones como las personas funcionarias que las conforman podrán conocer y comprender las necesidades más apremiantes de la sociedad, así como diseñar soluciones efectivas para ellas.
Colocar a las personas en el centro del quehacer gubernamental implica involucrar a todas las personas en la toma de decisiones. Por ejemplo, desde el poder legislativo sería necesaria la implementación de un verdadero parlamento abierto en el que dialoguen personas representantes y representadas. Desde el poder judicial, existiría la justicia abierta, en la que las personas juzgadoras den a conocer las líneas de pensamiento en que basaron sus decisiones, permitiendo a la población analizar críticamente su razonamiento.
El gobierno abierto crea espacios de decisión inclusivos, pero también espacios de deliberación en los que todas las personas son escuchadas. En estos espacios podríamos participar todes quienes tenemos un sentido de responsabilidad por el bien común y por el fortalecimiento de nuestra democracia. La gestión pública fundamentada en un modelo de gobierno abierto tiene la capacidad de dotar a toda la población del poder suficiente para contribuir igualitariamente a la dirección futura de nuestra sociedad, promoviendo así un orden social más justo y equitativo.
Héctor Isai Serna Crosby.
Egresado en Derecho (ITAM)
@HectorSerna56
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