El gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal capitalino y tipificar como delito la corrupción inmobiliaria.
La iniciativa, presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, propone penas de entre 10 y 20 años de prisión para los servidores públicos que permitan la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
La pena se agravará si el servidor público obtiene algún beneficio económico a cambio de otorgar los permisos.
La iniciativa se basa en el aumento exponencial de los niveles permitidos en los edificios de la ciudad, particularmente de los niveles excedentes, en los últimos años.
Por ejemplo, en 2008 solo hubo un caso de un nivel excedente fuera de la norma, pero en 2012 la cifra aumentó a 158 casos.
Batres señaló que este fenómeno permite que altos funcionarios amasan grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan.