El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados de la “Operación Frontera Norte” correspondientes a los días 23 al 28 de diciembre de 2025, con un saldo de 10,361 personas detenidas y el aseguramiento de 7,574 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos, 34,264 cargadores, 116,683.3 kilogramos de droga —incluidos 601.85 kilogramos de fentanilo—, además de 6,084 vehículos y 1,216 inmuebles vinculados con actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que las acciones se realizaron en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, destacando decomisos relevantes en varios estados de la frontera norte y el noroeste del país.
En Baja California, elementos de seguridad aseguraron en Tijuana 800 kilos de metanfetamina, un vehículo y un inmueble, mientras que en Tecate fueron detenidas cinco personas, entre ellas un menor de edad, además de ocho armas de fuego, 164 cartuchos, chalecos tácticos, estrellas ponchallantas y un vehículo.
En Chihuahua, tres personas fueron capturadas en Moris junto con cuatro armas largas, 23 cargadores, 440 cartuchos y equipo táctico. En Coahuila, en Piedras Negras, se decomisaron dos armas cortas y municiones.
En Nuevo León, cuatro personas fueron detenidas en Guadalupe con armas, cargadores, cartuchos, dosis de marihuana, básculas digitales y teléfonos celulares.
En Sinaloa, las fuerzas federales destruyeron 46 artefactos explosivos improvisados en Badiraguato y desmantelaron un laboratorio clandestino en Culiacán, donde se aseguraron sustancias químicas, reactores y tanques de gas LP, con una afectación económica estimada en 1,511 millones de pesos para la delincuencia organizada.
En Sonora, se decomisaron armas, cargadores y chalecos balísticos en Bácum, mientras que en Hermosillo y Guaymas fueron detenidas cuatro personas con envoltorios de metanfetamina, marihuana, cocaína y dos vehículos.
El Gobierno federal reiteró que la “Operación Frontera Norte” continuará como parte de la estrategia nacional de seguridad, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y garantizar la protección de la ciudadanía.