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Golpe avisa

Golpe avisa

Columnas martes 24 de agosto de 2021 -

Por José García Sánchez

La enajenación del formato de la consulta por parte del INE a los legisladores, dejando en manos de los 11 consejeros electorales la responsabilidad de la consulta para la revocación de mandato del Presidente de la República, es un ensayo de lo que podrían hacer en un año para imponer a través del Congreso un juicio político para destituir a Andrés Manuel López Obrador.

La aparente negligencia de los partidos de oposición por votar para que la Ley Reglamentaria que diera luz verde a la consulta de revocación de mandato no era más que parte de la estrategia entre los partidos y el INE para descarrilar dicha consulta.

Ante la imposibilidad de que los legisladores se pongan de acuerdo, el INE se acomide a establecer las reglas de la consulta, para garantizar que puede sustituir al órgano legislativo, que es el único que podría estar sobre sus decisiones, y el cual selecciona y elige a los consejeros electorales.

Con un resultado adverso de la consulta para la oposición les sería más difícil impugnar de manera legaloide, con un golpe político, —que no por serlo deja de ser un golpe de Estado—, que dejará fuera del poder al actual jefe del ejecutivo. Saben que todavía la popularidad el Presidente rebasa el 60 por ciento y no pueden arriesgarse a una sorpresa desagradable como resultado de dicha encuesta, de tal suerte que el INE se apropia una atribución del legislativo, para hacer de la consulta un galimatías en la redacción y todo un sabotaje en los requisitos complejos y ambiguo para llevarla a cabo.

Esta nueva alianza habla de ganar espacios electorales en los tribunales como sucedió con tres diputaciones federales que Morena no fue capaz de defender puntualmente, también surgen de la nada las dudas que interpone el Tribunal Electoral sobre el triunfo de Layda Sansores en Campeche. Partidos de oposición y autoridad electoral comparten proyecto y objetivos. También comparten planes a mediano plazo, de otra manera no sería posible sacar a López Obrador de la Presidencia antes de 2024. En el mismo esquema con el que sacaron a Lula da Silva en Brasil.

Para los consejeros del INE cualquier reforma electoral representa pérdida de autonomía, porque consideran que las leyes existentes y la manera de interpretarlas es la correcta. Nunca como antes la autoridad electoral ha perdido tanta autonomía como ahora hasta diluirla donde el árbitro juega con un equipo, a mitad del partido, de manera clara.

Las instituciones que pueden dar un golpe político a la actual administración se unen, desde ahora, con motivo de la revocación de mandato, tienen intereses comunes y deshonestidad probada. El INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, sumados a la derecha internacional, los empresarios y los partidos opositores están en ensayo general.


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