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Habermas y el peligro de la verdad única.
Columnas
La muerte de Jürgen Habermas obliga a volver sobre una de sus advertencias más exigentes: la democracia no puede sostenerse sobre la pretensión de una verdad única. En sociedades pluralistas, la legitimidad del derecho no nace de la sola decisión del poder ni de la fuerza de una mayoría, sino de procesos de deliberación racional abiertos a la crítica, inclusivos y sometidos a la fuerza del mejor argumento.
Esa idea hoy adquiere una importancia particular, puesto que vivimos una tendencia política en la que las mayorías electorales no solo gobiernan, sino que se presentarn como las intérpretes exclusivas de la voluntad social. Bajo esa lógica, el respaldo obtenido en las urnas no solo legitima el ejercicio del poder, sino que pretende justificar un monopolio sobre lo que el pueblo quiere, cuáles son sus valores y, en última instancia, qué debe considerarse verdadero en el espacio público.
Para Habermas, ninguna mayoría, por amplia que sea, puede agotar la complejidad de la sociedad. El pluralismo no es una anomalía que deba corregirse, sino una condición estructural de la democracia moderna. Durante los años de investigación para escribir y defender mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, España, con Habermas comprendí que basar la positividad del derecho únicamente en la contingencia de decisiones que puedan ser arbitrarias e impositivas resulta no solo contrario al constitucionalismo contemporáneo, sino a la dimensión de validez que la racionalidad normativa require; no existe en ese sentido, una sola verdad política previamente dada, lo que tenemos son instituciones diseñadas para hacer posible el desacuerdo racional.
Entre ellas, el tribunal constitucional ocupa un lugar central, no como un órgano que sustituya a la mayoría, sino como una instancia que impide que la mayoría clausure el debate; luego, como el propio Habermas sostenía, la mayor contribución del tribunal constitucional consiste en mantener vivo ese debate y garantizar que el compromiso de la comunidad política con los idearios del Constituyente pueda renovarse en el tiempo.
Ese papel, sin embargo, depende del diseño institucional que hace posible su autonomía, de ahí que la independencia judicial no sea una virtud moral privada, sino una condición estructural de la democracia constitucional, en tanto permite que el derecho se legitime a través de razones y no de criterios de oportunidad y conveniencia política. Es ahí donde la reflexión de Habermas se vuelve incómoda en el Méxicoactual.
El Poder Judicial de la Federación, y en particular la Suprema Corte actuales, han renacido de un proceso de reconfiguración atravesado por condiciones políticas que plantean preguntas inevitables. No se trata de prejuzgar la integridad de quienes habrán de juzgar, sino de interrogar las condiciones bajo las cuales ejercerán su función. ¿Puede un tribunal surgido de una lógica mayoritaria, tácitamente conducida por el partido en el poder, cumplir el papel que la democracia deliberativa le asigna? ¿Puede garantizar las condiciones del desacuerdo y, llegado el caso, contradecir al poder?
Si la democracia se reduce a la afirmación de una voluntad mayoritaria que se asume como verdad, el constitucionalismo pierde su sentido; por ende, recordar hoy a Habermas -a unos días de su muerte- es una exigencia democrática.
Obiter dicta
La democracia constitucional no descansa en la idea de que alguien posee la verdad, sino en la convicción de que nadie puede imponerla sin someterla al escrutinio de los demás. Por eso son relevantes los tribunales constitucionales, no para cerrar el debate, sino para impedir que el poder lo clausure.
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