El agua y el acceso a ella es un tema del que deberíamos hablar con más frecuencia, sobre todo en el contexto de su cada vez más profunda escasez derivada de la actividad económica en el mundo. En lugar de que este líquido sea considerado y tratado como un bien material no comercializable a cuyo acceso es un derecho humano, la dinámica del gran capital lo hace cada vez más una mercancía de privilegiados.
En ciudades como la Ciudad de México, donde los efectos de la falta de agua apenas comienzan a sentirse, salvo en algunas zonas de la capital, que han tenido históricamente problemas de acceso al agua, quizá el tema no resulte tan relevante, pero en realidad lo es.
No es casualidad que las campañas políticas se centren constantemente en el tema del agua, dado que es un asunto que en todo México, como en el mundo, preocupa con razón a las mayorías
Zacatecas, mi estado, ha tenido ya varios años de sequía, que pone en peligro lla sostenibilidad de la economía mediante la agricultura y la ganadería, sino también los cimientos mismos de la viabilidad de la vida humana. Sin agua, el cuerpo humano sucumbe después de tres días. Como representante de Zacatecas en el Senado de la República he conocido y sufrido de primera mano las carencias de agua entre las poblaciones más vulnerables del sector campesino e indígena.
Por lo anterior, estoy convencido de que ciertamente necesitamos promover cambios culturales en el uso del agua. Pero más importantemente, cambios en la política pública y la Ley, que permitan que el acceso al agua sea tratado como un derecho de todas las personas, no un privilegio de quienes cuentan con los recursos económicos e infraestructurales para explotar el líquido vital en actividades mega industriales. o comercializarlo como cualquier otro bien material.
El acceso y la distribución del agua en México está regulada por una Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Su lógica fue, como todo el sexenio salinista y el periodo neoliberal, utilizar los recursos naturales para el beneficio de las grandes corporaciones industriales y agrícolas, dejando de lado las necesidades básicas y humanas de la población en general.
Desde el Senado de la República, de la mano de compañeras y compañeros legisladores, pero también acompañado de organizaciones de la sociedad civil, campesina, indígena, ciudadana y ambientalista, he insistido en la necesidad de crear una nueva Ley de Aguas Nacionales.
Esta ley debe contemplar al recurso hídrico como un derecho humano y de la ciudadanía en general. La prioridad debe estar siempre en el consumo de agua para el mantenimiento del vida humana y sólo posterior a esta prioridad darse concesión o permiso de uso para actividades económicas y de la gran industria.
El cambio climático es una de las muchas problemáticas causadas por el modelo económico neoliberal que privilegia la reproducción del capital por encima de la reproducción y el sostenimiento de la vida y de la dignidad humana.
La Cuarta Transformación tiene la obligación de garantizar el acceso humano al agua y de combatir al cambio climático desde la creación de nuevas leyes, la implementación de políticas públicas sustentables y el empuje de una nueva cultura donde el ser humano conviva en armonía con la naturaleza.