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Hacer que el amparo funcione / I

Hacer que el amparo funcione / I

Columnas jueves 25 de junio de 2020 - 01:47

La Ley de Amparo publicada en el DOF el 2 de abril de 2013 llegó tarde a su cita, con el contexto sociopolítico del México actual, fuera de sintonía con el paradigma del constitucionalismo de los derechos y lejos del necesario enfoque de lo que debería ser la justicia constitucional en nuestro país.

Esta es la historia:

En noviembre de 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instaló la comisión redactora de la nueva Ley de Amparo, quedando integrada por: dos ministros de la Corte —Humberto Román Palacios, coordinador general y Juan Silva Meza—; dos magistrados de circuito —César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera—; dos académicos —Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cossío Díaz— y dos abogados litigantes —Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea—.

La comisión preparó un primer anteproyecto que quedó concluido en agosto de 2000, que fue sometido a discusión de la comunidad jurídica y la sociedad. Tras dos años de intenso trabajo, la comisión entregó a la Corte un segundo anteproyecto el 1 de abril de 2001, siendo aprobado por el Pleno el 30 siguiente y enviado al Senado de la República.

En 2001, a la llegada del presidente Vicente Fox y ante una nueva realidad democrática en nuestro país, en medio de un Congreso de la Unión dividido y sin mayoría clara, la parálisis legislativa sufrida en ese sexenio llevó al proyecto de ley al cajón del olvido, donde permaneció hasta 2013 —12 años—.

Con la coyuntura política del “Mexican Moment” —así denominó The Economist al primer año de gobierno del presidente Peña Nieto—, que exigía velocidad y determinación para la aprobación de reformas legislativas, se retomó el proyecto de 2001, se le dio alguna remozada y se aprobó en 2013.

A pesar de estar conformada por algunos de los juristas más importantes de nuestro país —incluido el actual ministro presidente de la SCJN—, en aquel lejano 1999 era imposible prever, incluso para esas mentes brillantes: I. que el paradigma de derechos humanos cambiaría drásticamente; II. que los regímenes democráticos entrarían en crisis; III. que las desigualdades sociales y económicas crecerían; IV. que las sociedades serían tan plurales; V. que surgirían con fuerza los grupos minoritarios en defensa de sus derechos; y VI. que el mundo se volvería maleable y líquido, con sociedades hipercomunicadas e hiperestimuladas.

En 2013 se aprobó una ley con una visión del siglo pasado, 1999. Era imposible pensar lo que sería México en 2020. En realidad, la Ley de Amparo tiene 21 años, lapso en el cual el mundo se deconstruyó. Por eso, la Ley de Amparo nació obsoleta y no funciona para proteger los derechos humanos en México con el alcance que el desafío exige. Mis propuestas, en la siguiente entrega.

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/CR

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