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Columnas viernes 06 de agosto de 2021 -

Claudia Bolaños

El paro de actividades de los gaseros, por la tarifa máxima que semana a semana impone la Comisión Reguladora de Energia (CRE), ha puesto en relieve un problema que han tenido que soportar este gremio: la presencia y dominación creciente de la delincuencia organizada en este sector.

En plena crisis por el desacuerdo entre la regulación de los precios del energético, individuos que conforman mafias se metieron a instalaciones de empresas suministradoras y mostrando su fuerza, vandalizaron pipas y alguna otra infraestructura, para evitar que salieran esas unidades a repartir el gas.

No sólo fue en ese lugar sino que a quienes encontraron trabajando en calles de la capital del país, sí de la capital, no en un pueblo aislado o de alguna entidad dominada por el narco, los golpearon y/o dañaron sus unidades.

Algunos otros además fueron amenazados en pagar las consecuencias sino apoyaban el paro que afectó a los comisionistas, personas que venden y revenden el gas Lp.

El denunciar estos hechos será cosa de cada comisionista, lo cual obviamente no harán, porque ningún sindicato y por supuesto asociación ha querido aventarse ese trompo a la uña.

Y obviamente eso tampoco será investigado pese a que es una problemática muy conocida, tanto que desde la Presidencia se informó que serían enviados elementos de la Guardia Nacional a resguardar las platas de gas; sin embargo, lo que se pedía era que se resguardara a las pipas que saldrían a repartir el licuado de petróleo a las casas y negocios, o “las salchichas” que harían las entregas a las distribuidoras.

Y es que varios gaseros querían trabajar, pero fueron obligados en varios casos al paro de labores, incluso dueños o socios de empresas muy conocidas fueron doblegados.

La realidad es que la delincuencia organizada se ha extendido en este rubro, lo mismo en la Ciudad de México que en provincia.

Hay investigaciones que dan cuenta que son 20 grupos los que operan en la zona metropolitana, ya sea extorsionando para permitir la operación de pipas o camiones con cilindros en calles, de los cuales 14 están asentados en la Ciudad de México, sede de los tres poderes.

Algunos “ordeñan ductos” o roban unidades ocn el energético, y otros obligan a empresas y/o piperos a comprárselos, obviamente otros lo harán con gusto para tener mayores ganancias.

También con toda impunidad y cobijados en autoridades han extendido sus propios negocios, clandestinos, los cuales han sido denunciados por arios medios, incluido este espacio.

Las cifras muestran el crecimiento y poderío de estas mafias que hicieron que en 2019 todo el gas vendido en el país, fuera robado a Pemex, teniendo una alza en 2020, al pasar de 215 a 516 tomas clandestinas de un año a otro.

Tan sólo el primer trimestre de 2020 el robo de gas LP creció un 122%, según datos de la propia paraestatal.

De enero a junio sumaban 638 tomas clandestinas, rebasando la cifra total del anterior.

Estos grupos cuentan con infraestructura al por mayor, por eso no se ven afectados si se les decomisan en un solo mes, de mayo a junio pasados: 83 detenidos, 175 vehículos y 15 predios, y nada menos que dos millones 56 mil 678 litros de combustible.


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