INE: seriedad y eficacia acreditadas

Todos los actores políticos, sujetos regulados y la ciudadanía en general reconocen el trabajo del INE como serio, profesional y dotado de certeza jurídica. Consecuentemente, reciben y acatan con especial confianza sus determinaciones, que ven coherentes y congruentes.

Y cómo no iba a ser así, si saben que el Instituto arriba a ellas luego de arduos, complejos y muy técnicos procesos decisorios multi-instanciales en los que concurren toda suerte de ópticas y experiencias.

Y saben que lo hace a la luz de los principios rectores de la función electoral y en especial de la mano del de legalidad, así como del más estricto apego a la Constitución. Lo hace también en ejercicio de la más profesional defensa, promoción y garantía de los derechos políticos electorales, sobre todo en sus órganos colegiados, regla general directiva y vocación histórica de los esfuerzos y compromisos institucionales desde hace 32 años.

No es este un alegato emocional; no es tampoco una defensa a ultranza de una institución entrañable. Es una argumentación basada en razones y datos duros relevantes, muy elocuentes cuando se les sabe leer.

Según los más recientes informes oficiales, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Consejo General del INE aprobó 252 acuerdos y 593 resoluciones, es decir, 845 decisiones en total. De ellas, 682 (81%) fueron aceptadas y no controvertidas, y solo 163 (19%) fueron impugnadas por uno o varios quejosos.

Contra esos 163 acuerdos y resoluciones impugnados se presentaron 550 juicios; es decir, que algunos de ellos fueron impugnados por varias personas o instituciones.

Con base en las sentencias recaídas a dichos juicios, en 427 (77.64%), la decisión del INE controvertida no fue modificada; en otros 70 (12.73%) casos se modificó y/o revocó la determinación original; y en los restantes 53 (9.64%) no se sabe aún porque se encuentran pendientes de resolver.

Para mayor claridad, en lenguaje ciudadano: de los 163 acuerdos y resoluciones impugnados, se confirmaron 118 (72%); se modificaron y/o revocaron 34 (21%); y 11 (7%) siguen en proceso todavía.

En la gran sumatoria de aciertos institucionales y eficacia normativa, se puede concluir, entonces, que de los 845 acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del INE durante el año 2022, solamente se ha modificado y/o revocado (hasta hoy) un 4%, y han quedado intactos un 95% de ellos.

En estos tiempos de intemperancia política y reformas legales controvertidas judicialmente, tenemos que recordar que el INE es una maquinaria sofisticada que despliega con soltura procedimientos fundamentales para la buena marcha de la preparación y desarrollo de las elecciones y para la resiliencia de la fibra misma de nuestra república democrática. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas están de acuerdo en un altísimo porcentaje, casi del 100%.