Vivir en un Estado de Derecho necesariamente implica que todas las personas se rigen por las mismas leyes, protegiéndose particularmente a la población más vulnerable y grupos minoritarios. Vivir en un lugar donde una mayoría, real o imaginaria, impone su visión del mundo, es simplemente volver al pasado.
En los últimos meses ha habido una embestida desde el poder público contra los jueces de nuestro país, y si prospera hasta doblegar al Poder Judicial, perderemos todos. ¿Por qué? Porque sin reglas escritas, sólo el poder presidencial en México podrá gobernar a placer el dinero y los destinos de 130 millones de personas.
Hace unas semanas, se quemó la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la Plaza de la Constitución; y hace unos días, la oficina de comunicación de la Presidencia acusó a un ministro de “arrancar hojas de la Constitución”, por una resolución judicial que incomodó en Palacio Nacional. Un tono virulento y agresivo como jamás se había visto en nuestro país.
Un día sí y otro también se acusa de corrupción a jueces y magistrados, sin pruebas y sin investigaciones. ¿Qué nos puede pasar como país si las cosas siguen así? Sólo se incrementará la ingobernabilidad, y en ese andar de fuerzas formales e ilegales, siempre pierden las personas más pobres y más vulnerables de las sociedades. Hoy ya vivimos con más miedo que hace unos años. Los desaparecidos se cuentan por más de cien mil personas, los caminos, carreteras y autopistas del país están a la merced de organizaciones criminales; y en regiones enteras no entran las fuerzas del orden. Esto simplemente no puede seguir así, porque es una realidad que no puede cambiarse con discursos u olvidando a las personas que viven estas situaciones.
En todos los países en los que una sola persona, o un grupo minúsculo que lo secunda, gobiernan un país sin contrapesos; normalmente la corrupción, la violencia y la pobreza reinan y gobiernan: Cuba, Nicaragua y Venezuela son un ejemplo de ello. Países más lejanos, como Myanmar, Sudán del Sur o Afganistán, están gobernador por militares sin contrapesos o por fanáticos que matan a quienes piensan distintos a ellos. O en otros países, como Somalia, simplemente ya no hay estado que cuide de sus habitantes.
Volviendo a nuestro país, las y los jueces de México no son los enemigos del país, como tampoco lo son los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La división de poderes y facultades sirven para controlar y supervisar el poder público, que limiten o neutralicen los abusos de poder.
¿Por qué es importante tener un poder judicial independiente del presidente? Porque las y los jueces interpretan nuestra Constitución y las leyes que ellas emanan para proteger, particularmente, a los grupos minoritarios. Imponer por la fuerza una visión del mundo, o acosar a quien no piensa como uno, es vivir en una imposición de mayorías donde todos perderemos.