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Incremento de un peso en el transporte público concesionado ¿populismo o solidaridad?

Incremento de un peso en el transporte público concesionado ¿populismo o solidaridad?

Columnas miércoles 15 de junio de 2022 -



Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM

Como resultado del bloqueo realizado por miles de transportistas, que se manifestaron en 16 puntos de las principales vialidades de la Ciudad de México el pasado 2 de junio –y que concluyó con una protesta en el Zócalo para exigir originalmente un aumento de entre tres y cinco pesos–, a partir de hoy entrará en vigor el incremento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, que comprende a los microbuses, vagonetas o peseras y autobuses de corredor.

No obstante que los dirigentes de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) organizadores de la protesta consideran que el alza era ineludible ante los incrementos de sus gastos de operación –entre ellos combustible, refacciones y mantenimiento de sus unidades–, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descalificó sus razones de fondo al esgrimir que éstos no habían cumplido con sus compromisos en cuanto a la mejora del servicio y modernización de sus unidades, pese a que desde 2020 –subrayó–, se les ha apoyado con un bono de combustible de entre 4 mil y 6 mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, con la finalidad de mantener estable el costo del pasaje.

De manera tajante rechazó sus pretensiones y esgrimió que un análisis había determinado que los costos de insumos, así como la variación de los precios basados en productos del consumidor y combustible, no justificaban sus exigencias. Hasta ahí, resultaría muy plausible la protección de su administración a la economía de los usuarios.

Empero habría que analizar si esta disposición asumida por Sheinbaum a través de un acuerdo del secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous y negociado por Martí Batres, secretario de Gobierno, no tiene realmente un trasfondo político, dado que en el ámbito de Palacio Nacional y de Morena, es una de las principales aspirantes a ser la candidata para relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí que quizá de manera objetiva pudo haber autorizado un incremento mayor, pero tal vez supuso que ésta habría sido una medida impopular, que afectaría sus intereses ante a sus posibles votantes.

Hay que recordar que las tarifas del transporte público concesionado –que moviliza al día 3.8 millones de personas (400 mil usuarios más de los que transporta el Metro)–, son posiblemente de las más bajas de todo el país. Menores, por ejemplo, a las que se cobran en Nuevo León, Estado de México o Baja California, entidad en la cual la tarifa mínima es de 16 pesos, en algunas localidades. También hay que hacer hincapié en que en más de 5 años –desde abril de 2017–, no se había incrementado el precio del transporte público concesionado. Fue durante la administración de Miguel Ángel Mancera, cuando se autorizó un alza similar, de sólo un peso.

De tal forma, a partir de hoy las tarifas de microbuses y peseras será de 6 pesos hasta 5 kilómetros; 6.50, de 5 a 12 kilómetros y 7.50 más de 12 kilómetros. El costo de los autobuses de ruta será de 7 pesos, hasta 12 kilómetros y el de los autobuses de corredor, se mantendrá en 8 pesos. El costo del boleto del Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero RTP, no se verá afectado.

De entre los 15 puntos del acuerdo suscrito por el gobierno de la Ciudad de México y los transportistas, se destaca que habrá un mejoramiento sustancial del servicio, que es parte medular de las quejas de los usuarios. Explicaron que no solamente se trata de supervisar y mantener en buenas condiciones las unidades y el establecimiento de un padrón de choferes asociados a la unidad, sino que además los conductores deberán presentar su licencia de manejo actualizada y portar uniforme reglamentario, consistente en pantalón oscuro y camisa blanca.

Asimismo, se les exigirá no transportar acompañantes, eliminar vidrios polarizados y equipos de sonido con altos niveles de volumen y además que los choferes no conduzcan a exceso de velocidad, ni mantengan detenidas las unidades más allá del tiempo razonable para subir o bajar pasaje. Se asegura que se realizarán operativos para verificar que los transportistas cumplan con estas medidas y que la violación del convenio supondrá en primera instancia la aplicación de sanciones, como la cancelación de concesiones y licencias.

La Ciudad de México es una de las ciudades más congestionadas del mundo y el tiempo de traslado de los usuarios de transporte público aumenta 66 por ciento, además de que provoca una percepción de miedo e inseguridad. De acuerdo a un reporte del periódico El Economista, suscrito por Ana Karen García, 9 de cada 10 habitantes declaran que se sienten inseguros en el transporte público, según el Inegi (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana). “El transporte público —incluido el administrado y operado por el gobierno capitalino—, es el segundo sitio que más miedo les produce, sólo por encima de cuando están usando un cajero automático en la vía pública” –señaló.

Pocos tienen conciencia de que, entre los microbuses, vagonetas o peseras y autobuses de rutas y corredores concesionados, y los sistemas de transporte gubernamentales de la Ciudad de México, se movilizan diariamente a poco más de 11 millones de personas, de las cuales 3.8 millones (aproximadamente el 34 por ciento del total) corresponden a los primeros.

Sin embargo, el transporte público concesionado se ha convertido en un calvario cotidiano para los usuarios y esta percepción de inseguridad y mal servicio se replica en todo el país y ha trascendido fronteras. Por ejemplo, BBC News ha hecho referencia del lugar que a nivel mundial ocupa México en cuanto a la calidad del transporte público y su informe puntualiza que de acuerdo con el estudio Índice de Movilidad Urbana, que evaluó 84 grandes ciudades del mundo en una escala del 0 al 100, a nivel Latinoamérica nos hallamos en el lugar 49, muy por debajo de Santiago de Chile, ubicada en el puesto 30 –que obtuvo 47,1 la puntuación más elevada–, y sólo por encima de Caracas que ocupó el puesto 58, con 40,1 puntos.

El compromiso de cualquier administración para con sus ciudadanos es dotarlos de servicios públicos básicos de calidad, entre otros, agua potable, drenaje y alcantarillado, calles, banquetas, alumbrado, limpia, vialidad y obviamente, transporte público. Más allá del incremento de un peso en la tarifa, esperemos que el acuerdo de la jefa de Gobierno efectivamente sea para proteger la economía de los usuarios y repercuta en la calidad del servicio.

En el papel, generalmente los compromisos suenan muy bien, pero la realidad siempre es otra. Ojalá que el objetivo sea para beneficiar el bolsillo de los usuarios y no oculte otras intenciones.

*Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM*

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