Inversión en infraestructura a contrarreloj

Columnas martes 17 de febrero de 2026 -

El Gobierno de México presentó la semana pasada el plan de inversión en infraestructura de su administración, mediante esquemas mixtos de participación con el sector privado, que no serán asociaciones público-privadas, como las que estábamos acostumbrados en la ley de la materia. Sin embargo, los retos para hacer realidad dicho plan provienen de viejos y nuevos problemas.

De entre los viejos problemas que tenemos en México y que no han sido resueltos, consiste en los procesos de contratación pública: las recientes reformas a la Ley de Obras y la nueva Ley de Adquisiciones abren nuevas oportunidades, pero dejan sin resolver viejos problemas: licitaciones a modo, invitaciones restringidas sin debida justificación, o de plano la puerta abierta a las adjudicaciones directas, sin pasar siquiera por los requisitos de las leyes antes descritas, siempre que el Ejecutivo Federal considere su contratación como prioritaria. Por ello la creación del “Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión” puede sonar bien, pero si es la titular del Ejecutivo quien lo presidirá, profundizaremos una vieja mala práctica en la administración pública de México: no importa lo que diga la legislación aplicable o los planes nacionales de desarrollo a veinte años, lo importante son las obras prioritarias del gobierno en turno y cómo desea construirlas.

Otro punto por destacar de los nuevos problemas será el origen de los recursos públicos para tal fin: en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no se mencionan partidas especiales o extraordinarias para tal fin, por lo que muy probablemente la esencia del plan anunciado es un “relanzamiento” de algo ya dicho al inicio de la administración.

Las finanzas públicas del país vienen sufriendo un estrés constante y recurrente: hoy gastamos más en programas sociales sobre los cuales hay muchas áreas de oportunidad (particularmente en la evaluación de su impacto, número de beneficiarios, eliminación de reglas de operación) que más temprano que tarde se deberán ajustar.

Lo dijimos en la última entrega: en un entorno internacional tan impredecible y con una deuda pública creciente como nunca, el Gobierno de México ya no pude aplicar políticas públicas o desarrollar obras, sin que exista racionalidad económica y un claro beneficio social, que no vea sólo la siguiente elección.

Para efectos prácticos, la presente administración tiene 18 meses para iniciar el desarrollo de los proyectos anunciados; ya que es posible que en el siguiente año, si las tendencias electorales continúan y no se coopta en su totalidad el sistema electoral, es probable que la coalición gobernante pierda la mayoría en la Cámara de Diputados, el órgano que aprueba el presupuesto de este país y aprueba la cuenta pública.

Sería deseable que en conjunto al anuncio de este plan de infraestructura se hubiera anunciado la suspensión de la reforma electoral, que al parecer sólo tiene por objetivo incrementar el poder. Y claro, escuchar no sólo a quienes les dicen lo que quieren oír.