La liberación de Israel Vallarta, tras 19 años en prisión sin sentencia, no es un triunfo de la justicia, sino la confirmación de que el sistema judicial mexicano sigue siendo incapaz de garantizar el debido proceso y los derechos humanos más elementales. Su caso es la radiografía de una estructura corrompida, donde la política, los medios y la negligencia institucional convergieron para destruir la vida de un hombre sin que mediara una condena firme.
Vallarta quedó atrapado en el epicentro de una historia que sintetiza los excesos de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prolongados hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la inercia de la injusticia se mantuvo. La detención de Vallarta no puede entenderse sin mencionar al hoy preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, entonces todopoderoso secretario de Seguridad Pública. Su cruzada contra el crimen organizado sirvió para fabricar culpables, ofrecer resultados mediáticos y sostener la narrativa de un “gobierno eficaz” ante Washington.
El episodio alcanzó dimensión internacional con la presencia de la ciudadana francesa Florence Cassez y el impacto diplomático que su caso tuvo en las relaciones México-Francia. Pero lo que más indignó fue la televisión como juez: Televisa, con un Carlos Loret de Mola que ignoró cualquier ética periodística, transmitió un montaje que pretendía mostrar un operativo en vivo contra la “banda del Zodiaco”. En realidad, fue un acto de manipulación para legitimar la versión oficial y alimentar el espectáculo de la seguridad como show de horario estelar.
La liberación de Vallarta se da no porque se haya probado su inocencia, sino porque el Estado violó sus derechos humanos de manera sistemática. Tortura, fabricación de pruebas y retrasos judiciales son parte de un expediente que se convierte en símbolo de la podredumbre del Poder Judicial y de la procuración de justicia en México. Su caso desnuda una realidad dolorosa: cientos, quizá miles, de personas siguen presas durante años sin sentencia, invisibles para la sociedad, víctimas de un sistema que castiga la pobreza y premia la corrupción.
La lección que deja este episodio es incómoda: un país donde los medios se prestan a fabricar culpables, donde los jueces normalizan la tortura y donde la justicia tarda décadas en reconocer sus propios errores, es un país donde nadie está a salvo. Vallarta es libre, pero la deuda con él y con tantos otros permanece. La justicia mexicana, al igual que su caso, sigue encarcelada en la celda de la impunidad. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.