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Jueces responsables del linchamiento a la CNDH

Jueces responsables del linchamiento a la CNDH

Columnas martes 22 de septiembre de 2020 - 01:12

José Narro Céspedes

La sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México se encuentra tomada por colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia.
Es difícil imaginar el sufrimiento y la desesperación que viven las victimas de violencia, sin embargo, todo es el resultado de una cadena de errores históricos de las autoridades mexicanas. Uno de los mayores problemas que nos heredó el modelo neoliberal, son autoridades y jueces insensibles ante el dolor de las víctimas y funcionarios encargados de impartir justicia que sirven al mejor postor. Hoy, existen en Zacatecas denuncias contra juzgadores por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, que permiten la eventual liberación de agresores sexuales de niñas y niños.
La toma por parte del Frente Ni Una Menos y otras colectivas, se debe a la inacción del Estado para establecer políticas públicas que frenen la violencia contra las mujeres. La gran mayoría de los casos que hoy atiende la CNDH, tienen origen en administraciones anteriores. La verdad, es que la CNDH y su titular Rosario Piedra Ibarra se encuentran en una encrucijada entre la corrupción de autoridades, que no atienden sus recomendaciones y las victimas que señalan la falta de resultados.
En los siguientes días, se sumarán a los colectivos feministas los reclamos de cientos de madres y padres que han sido separados de sus hijos, algunos organizados en la Fundación Mas Infancia Feliz. Esto, por la inacción de jueces de lo familiar o de distrito, así como la fiscalía de justicia, que incumplen con los derechos humanos de niñas y niños, a quienes se les debería asegurar de manera prioritaria el ejercicio pleno de todos sus derechos. Ellos tienen derecho a convivir con su madre y padre, así como con las familias de ambos en un ambiente libre de violencia y con un sano desarrollo de su personalidad, sin manipulación parental.
Estos padres e hijos son victimas de violencia institucional por las omisiones de servidores públicos que dilatan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de sus derechos.
Un ejemplones el de la menor Camila, cuyo padre en una maniobra fraudulenta interpuso un juicio de amparo con la finalidad de que la madre de la menor no pueda verla, a pesar de existir un convenio de convivencias. El juez séptimo de distrito en materia civil en CDMX, decretó una suspensión provisional declinando su competencia al juez décimo tercero de distrito en materia civil. Este, ya había resuelto un juicio anterior, sin embargo, el amparo extrañamente lo recibió el juez décimo primero de distrito en materia civil HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA, de quien el padre de menor dice ser amigo. Este celebró la audiencia incidental y otorgó la suspensión definitiva, sin recibir el informe de la juez noveno familiar de la CDMX y sin notificar la presentación del juicio de amparo a la madre de la menor quien es la tercero interesada para que pudiera manifestarse. Es decir, resolvió sobre los derechos de la niña sin algún tipo de pruebas, sin darle la oportunidad a los interesados para aportarlas y en franca violación a los derechos de la niña.
Desde aquí hago un respetuoso llamado al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con el fin de erradicar a jueces que actúan fueran del marco de la ley y que ponen en riesgo la estabilidad social y al final dejan en entredicho la labor de la CNDH y su titular, desde el poder legislativo nos sumamos a la CNDH, ya que juntos podemos cambiar a México.

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/CR

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